IPS en riesgo: Nación y Provincia enfrentadas por el futuro de las jubilaciones

El Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS) se encuentra en el centro de un conflicto que, aunque no es nuevo, hoy amenaza con profundizarse. En esta oportunidad, quiero acercar a los lectores a la situación actual del IPS y analizar cómo se refleja en las jubilaciones vigentes, así como sus posibles derivaciones en futuras reformas que podrían modificar la manera en que muchos bonaerenses acceden a su retiro.

En Patagones, como en toda la provincia, cientos de docentes, trabajadores de la salud y empleados municipales dependen del IPS para garantizar su seguridad económica al jubilarse. Sin embargo, detrás de cada haber mensual se esconde una disputa silenciosa pero decisiva: quién asegura los recursos necesarios para sostener la caja previsional bonaerense. La falta de transferencias de la Nación a la Provincia volvió a encender las alarmas, y hoy el IPS se encuentra en el centro de un conflicto judicial y político que impacta directamente en el derecho a la seguridad social.

¿Qué es el IPS y por qué es distinto a la ANSES?

El IPS fue creado en 1948 y administra las jubilaciones y pensiones de los empleados públicos bonaerenses. A diferencia de la mayoría de las provincias, la caja bonaerense no fue transferida a la Nación y por eso mantiene autonomía, tanto en el régimen de aportes como en la forma de cálculo de haberes.

Esto significa que quienes se jubilan por IPS no dependen de la ANSES, sino de un sistema provincial, con sus propias reglas y beneficios. Ahora bien, ¿de dónde sale el dinero para sostenerla? Básicamente de dos fuentes: los aportes que realizan los trabajadores activos y las contribuciones de sus empleadores. El problema aparece cuando esa recaudación no alcanza para pagar todas las jubilaciones y pensiones. Allí es cuando entra a jugar el Estado: la Provincia debe cubrir el déficit, y la Nación está obligada a asistir con transferencias especiales para equilibrar las cuentas. Estos recursos, que corresponden a los incumplimientos de asistencias por parte de ANSES y que fueron establecidos por ley, deben ser girados a las provincias que administran cajas previsionales no transferidas. Buenos Aires cuenta con tres: el propio IPS, la caja de la Policía y la del Banco Provincia (BAPRO).

Menos aportes y más gastos ponen presión sobre el IPS

Una de las principales particularidades del Instituto de Previsión Social bonaerense es que permite acceder a la jubilación a edades más tempranas que otros regímenes. El caso más relevante es el del magisterio, que concentra cerca de la mitad de los afiliados y beneficiarios: allí se puede jubilar a los 50 años con el 75% del sueldo o a los 55 con el 85%, para ambos géneros. Si lo comparamos, los docentes nacionales y los de provincias como Córdoba o Santa Fe acceden recién a los 57 años en el caso de las mujeres y a los 60 en el de los hombres.

Esto significa que, por ejemplo, una mujer que comienza a trabajar a los 20 años, a los 50 ya puede acreditar 30 años de aportes. A partir de allí, y con una esperanza de vida cercana a los 80 años, percibirá una jubilación por alrededor de tres décadas, con una tasa de sustitución es decir, la relación entre su sueldo en actividad y su haber jubilatorio del 75%. Esta matemática previsional explica parte del desafío financiero del IPS: muchos años de beneficios frente a menos años de aportes efectivos.

El panorama se repite en otros regímenes, como administración general y municipios, donde las mujeres se jubilan a la misma edad que en el sistema nacional (60 años), pero los hombres lo hacen antes (60 contra 65).

A esto se suma un segundo factor: Las altas tasas de sustitución. Mientras que en el sistema nacional (SIPA) las jubilaciones rondan entre el 60% y 65% del sueldo, en el IPS los haberes iniciales suelen ubicarse entre el 75% y 85%. En términos prácticos, significa que el haber jubilatorio se acerca mucho más al último salario, lo cual es positivo para el beneficiario, pero incrementa la presión sobre la caja.

Finalmente, la forma de calcular el haber inicial en la Provincia también genera tensiones. A diferencia del SIPA, que toma el promedio de los últimos diez años de aportes, el IPS considera los tres mejores años consecutivos o cinco discontinuos de la historia laboral. En la práctica, esto permite que, si una persona tuvo durante un período acotado un cargo de mayor remuneración, ese sueldo más alto sea el que defina el haber de toda su jubilación. Hay casos documentados como el de un docente que accedió a un cargo político durante pocos años en los que el beneficio resultó sustancialmente mayor al que hubiera correspondido con una carrera docente pura.

Estas reglas no cuestionan los derechos adquiridos de quienes aportaron y accedieron a la jubilación, pero sí muestran cómo ciertas particularidades del sistema bonaerense, sumadas al aumento en la expectativa de vida y a la disminución de aportantes activos, explican el déficit creciente y los problemas de sustentabilidad que hoy enfrenta el IPS.

A ese problema de origen se sumaron otros. Durante la gestión de María Eugenia Vidal, muchos trabajadores pasaron a ser monotributistas, lo que redujo significativamente la recaudación de aportes. Además, se otorgaron jubilaciones anticipadas las cuales eran efectivas al cumplir 65 años y con solo 10 años de aportes al IPS, tales circunstancias incrementaron la cantidad de beneficiarios.

El resultado: menos ingresos y más egresos, un cóctel que deterioró la sustentabilidad de la caja.

El conflicto actual con Nación

Hoy el mayor problema es el incumplimiento del Gobierno nacional en el envío de fondos que debe girar para compensar ese déficit histórico. Durante años, las transferencias nacionales al IPS encargadas de compensar los déficits previsionales provinciales nunca fueron ni automáticas ni regulares. En lugar de constituir un flujo confiable, estuvieron marcadas por demoras, recortes y controversias que derivaron en reclamos judiciales. Cada vez que la Nación interrumpe esos envíos, el golpe lo recibe la Provincia: debe cubrir la diferencia con fondos propios, recortando recursos que podrían destinarse a salud, seguridad o infraestructura.

Hoy el IPS liquida unos 370.545 beneficios previsionales por mes (de los cuales 275.828 son jubilaciones, 82.719 pensiones y 25.498 pensiones sociales), lo que habla de una enorme responsabilidad fiscal estatal. Por ese motivo, el gobernador Axel Kicillof, a través de la Fiscalía de Estado, presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia. Reclama que la Nación cumpla con las transferencias, que actualice los montos adeudados y que se convoque a una audiencia de conciliación

Este no es un problema exclusivo de Buenos Aires. Provincias como Córdoba y Santa Fe también sostuvieron demandas ante la Corte Suprema por montos millonarios adeudados por Nación. Córdoba incluso logró un acuerdo que comenzó a saldar parte del débito, mientras que Santa Fe continúa reclamando la continuidad de los anticipos mensuales suspendidos

¿Qué está en juego?

Más allá de la disputa política y financiera, lo que está en juego es mucho más concreto: las jubilaciones y pensiones de miles de bonaerenses. En distritos como Patagones, donde gran parte de los jubilados provienen de la docencia y de la administración municipal, el IPS no es una sigla lejana: es el organismo que garantiza sus ingresos.

El riesgo de “armonización” es decir, que la Nación absorba la caja provincial bajo el argumento de su déficit también está presente. Esto implicaría perder la autonomía del sistema y equiparar sus reglas a las de ANSES, con impacto directo en el cálculo y movilidad de los haberes.

El desafío hacia adelante

Los jubilados bonaerenses, que trabajaron toda su vida en las aulas, en los hospitales, en la administración pública o en los municipios, no deberían estar pendientes de un tire y afloje político para cobrar en tiempo y forma. El verdadero desafío está en garantizar la sustentabilidad del sistema, más allá de los vaivenes entre Nación y Provincia.

En este punto la discusión no se agota en las transferencias de fondos: también es necesario revisar el diseño estructural del régimen. A diferencia de la Nación y de provincias como Córdoba o Santa Fe, la Provincia de Buenos Aires no modificó parámetros clave en los últimos 40 años, a pesar del aumento de la esperanza de vida y de la caída de la tasa de sostenimiento demográfico.

Por eso, las sugerencias de especialistas están fundadas en alternativas que van desde una reforma paramétrica para corregir desequilibrios y fortalecer la solvencia del IPS en el mediano y largo plazo hasta la creación de un régimen previsional único a nivel nacional, que elimine las asimetrías entre jurisdicciones. Estas propuestas generan debate, porque plantean dilemas entre equidad, eficiencia y el alcance de la garantía estatal.

Lo cierto es que, mientras no se resuelvan estos problemas de fondo, la situación previsional bonaerense seguirá atrapada entre la urgencia fiscal y las disputas políticas. Y en el medio, los más afectados serán siempre los mismos: los jubilados.

La verdadera sustentabilidad del sistema previsional depende de una decisión política clara: que el Estado nacional y provincial cumpla con su parte del contrato social, asegurando jubilaciones dignas y previsibles. Porque de eso se trata, en definitiva, el derecho a la seguridad social: de reconocer y proteger a quienes ya dieron lo mejor de sí en su vida laboral.

(*) Abogada especialista en Seguridad Social (UBA) – Estudio Sur Asociados