Amparos geriátricos: derechos en la vejez y la otra cara del derecho al cuidado

En esta oportunidad, les traigo un tema de enorme relevancia y actualidad: el derecho al cuidado en la vejez, una realidad que tarde o temprano muchas familias deben afrontar, casi siempre con un enorme esfuerzo emocional y económico.

Este año, la Opinión Consultiva N.º 31/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció que cuidar, ser cuidado y autocuidarse son derechos humanos que el Estado debe garantizar. Se trata de un cambio histórico que redefine las responsabilidades del Estado, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga.

Sin embargo, todavía son muchas las familias que desconocen que la internación geriátrica y los cuidados prolongados forman parte de la cobertura obligatoria en salud, y que cuando esa respuesta no llega, existen herramientas legales como el amparo geriátrico para hacer valer esos derechos.

Una nueva mirada sobre la vejez

Alrededor de los sesenta años comienza una nueva etapa del ciclo vital: la vejez. Un período que, en promedio, puede extenderse entre veinticinco y treinta años, y que implica transformaciones profundas en todos los planos de la vida: físico, emocional, económico y también jurídico.

Durante mucho tiempo, el envejecimiento fue visto como un proceso de pérdida, de dependencia o de retiro del mundo productivo. Sin embargo, esa mirada está cambiando. Hoy se impone una concepción distinta: la vejez como una etapa activa, con derechos, proyectos y dignidad.

De esa transformación surge lo que hoy se conoce como Derecho de la Vejez, una rama jurídica reciente pero de creciente relevancia social. Este campo busca reconocer a las personas mayores como sujetos plenos de derechos humanos, analizar los vacíos normativos que las afectan y crear herramientas eficaces para resolver los conflictos derivados del envejecimiento poblacional.

En otras palabras, propone un cambio cultural y jurídico: dejar atrás la idea de que las personas mayores deben ser “asistidas” y avanzar hacia una sociedad que las escuche, las integre y las respete.

La reflexión sobre la vejez también encuentra eco en el cine: la película '27 noches', que se estrenó recientemente en Netflix, de Daniel Hendler, basada en hechos reales, narra la historia de una mujer mayor internada por decisión familiar bajo el argumento de protección. Pero el film nos interpela: ¿la institucionalización forzada siempre respeta los derechos y la autonomía de la persona mayor? Más allá de la trama, esta historia es una metáfora de las vejeces activas: elegir, decidir y vivir con intensidad, cuestionando los estereotipos que asocian vejez con pasividad o dependencia. Nos recuerda que la protección no puede ser sinónimo de control, y que cada persona mayor debe ser vista como sujeto de derechos y protagonista de su vida.

Reconocer la diversidad en las vejeces

Durante décadas, el derecho profundizó en la protección de la infancia, las mujeres o las personas con discapacidad, pero la vejez quedó relegada. La discriminación por edad, el llamado viejismo, siguió naturalizándose, junto con la falsa creencia de que la dependencia o el deterioro anulan la autonomía personal.

El desafío actual es romper con esos prejuicios y construir un sistema que reconozca la diversidad de las vejeces, pero todas con igual valor y dignidad.

En los últimos años, el aumento sostenido de la esperanza de vida y la disminución de la natalidad transformaron por completo la estructura demográfica, dando lugar a lo que especialistas denominan transición demográfica o incluso inversión de la pirámide poblacional. En este nuevo escenario, las personas mayores ya no son una minoría, sino un grupo social cada vez más visible y diverso.

Por eso hoy hablamos de vejeces en plural. El término refleja un cambio de paradigma que reconoce la multiplicidad de trayectorias, condiciones y experiencias que atraviesan el proceso de envejecer. Frente al modelo tradicional que reducía la vejez a una etapa homogénea, pasiva o dependiente, las ciencias sociales, la gerontología y el derecho contemporáneo proponen una mirada plural y situada, capaz de ver las desigualdades acumuladas a lo largo de la vida y la necesidad de políticas diferenciadas que no reproduzcan estereotipos ni exclusiones.

Esta perspectiva alineada con el enfoque de derechos humanos y la bioética del cuidado invita a desplazar la idea biomédica centrada en el déficit, para pensar la vejez como parte de un ciclo vital con dignidad, autonomía y valor social.

Hoy, casi el 20% de la población argentina tiene más de 60 años, y cerca del 90% de los amparos en materia de salud corresponden a reclamos vinculados con este grupo etario. El nuevo paradigma del cuidado como derecho humano autónomo redefine responsabilidades y desafía al Estado y al sistema de salud a garantizar un envejecimiento digno.

Una historia que empezó en Argentina

La historia de este reconocimiento tiene raíces profundas. En 1948, nuestro país ya había dado el primer paso con el Decálogo de los Derechos de la Ancianidad, proclamado por Eva Perón, un documento pionero que inspiró a generaciones posteriores y sentó un precedente histórico al reconocer derechos como asistencia, vivienda, alimentación, salud, esparcimiento, trabajo, tranquilidad y respeto.

Aquel ideario fue incorporado en la Constitución de 1949 y, más tarde, en el artículo 14 bis de la actual Carta Magna.

A nivel global, en 1982 con el Plan de Acción de Viena sobre el Envejecimiento el primer documento internacional dedicado a la vejez y en 2002 con el Plan de Madrid, que marcó un cambio de paradigma al vincular el envejecimiento con los derechos humanos.

Ese recorrido culminó en el ámbito regional con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (OEA, 2015), que Argentina ratificó y elevó a rango supralegal. Y este año, en 2025, el país volvió a ocupar un lugar central en la historia: la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a pedido del Estado argentino, reconoció en la Opinión Consultiva OC-31/25 que el cuidado en todas sus formas es un derecho humano autónomo.

Este nuevo estándar jurídico representa el avance más importante de la última década: obliga a los Estados a garantizar el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado, reconociendo tanto a las personas dependientes como a quienes brindan los cuidados.

Amparos geriátricos: realidad y desafíos en el acceso al cuidado

En Argentina, los amparos judiciales por internación geriátrica se han convertido en una herramienta recurrente para garantizar el acceso a cuidados adecuados para las personas mayores. A pesar de que la cobertura de residencias geriátricas debería estar garantizada por las obras sociales y prepagas, la realidad muestra que muchos adultos mayores deben recurrir a la justicia para obtener lo que por derecho les corresponde.

Según datos de la Superintendencia de Servicios de Salud, el número de amparos en salud ha aumentado significativamente en los últimos años, reflejando la creciente demanda de servicios de salud y cuidado para la población envejecida.

Para intentar descomprimir el sistema judicial, se implementó una nueva herramienta para evitar ir a la Justicia ante reclamos por falta de cobertura: el Programa de Mediación Prejudicial en Materia de Salud (PROMESA), un programa extrajudicial lanzado por el Ministerio de Salud a mitad de año, del cual la obra social de los jubilados PAMI fue incluida recientemente. Es una herramienta que busca resolver reclamos de cobertura entre ellos, los amparos geriátricos antes de llegar a juicio.

Sin embargo, este mecanismo es voluntario, no obligatorio, y su eficacia depende de la voluntad de las obras sociales y prepagas de participar con buena fe. Cuando esa disposición no existe, la mediación solo retrasa el acceso a una respuesta efectiva.

Por eso, más allá de las buenas intenciones, PROMESA no puede reemplazar la responsabilidad de garantizar cuidados dignos y oportunos. Si no hay un compromiso claro de las entidades prestadoras y del Estado en su rol de contralor, las personas mayores seguirán enfrentando barreras y esperas que, en esta etapa de la vida, se pagan con tiempo y salud.

El verdadero desafío es asegurar que cada persona pueda envejecer con dignidad, respetando sus tiempos, sus historias y sus formas de vivir. Solo así podremos construir una sociedad que no expulse a sus mayores, sino que los abrace como parte esencial de todas las edades. En ese camino, el derecho se convierte en una herramienta cultural poderosa para transformar la mirada y garantizar que el cuidado sea sinónimo de justicia.

(*) Abogada especialista en Derecho a la Seguridad Social – Estudio Sur Asociados