“Las farmacias paran y se movilizan"

En la presente análisis crítico, se evidencia de manera inequívoca que el reciente decreto impulsado por el Sr. Milei constituye una manifestación flagrante de desregulación del mercado, con consecuencias directas en el ámbito farmacéutico, suscitando legítimas preocupaciones en relación con la salud pública y, de manera más específica, destacando un favorecimiento ostensible de determinados intereses particulares, a saber, los de Farmacity y los Laboratorios.

La enmienda que faculta a las farmacias para constituirse bajo cualquier figura jurídica, otorgando un beneficio manifiesto a grandes conglomerados como Farmacity, conlleva innegables inquietudes sobre la concentración del sector. Esta medida, que persigue la expansión de franquicias a nivel nacional, choca directamente con dictámenes previos de la Corte Suprema, los cuales restringían tal expansión en determinadas jurisdicciones provinciales.

Asimismo, la flexibilización en la dirección técnica de farmacias, permitiendo que un profesional pueda ostentar la dirección de más de una entidad, claramente perjudica a las farmacias de carácter local, menoscabando de facto el acceso de los habitantes de zonas periféricas a servicios farmacéuticos. Esta disposición, sin lugar a dudas, contribuirá a una concentración exacerbada en el sector, con las consecuentes repercusiones negativas en cuanto a la diversidad y competencia en el mercado farmacéutico.

La autorización para que auxiliares de despacho, desprovistos de título farmacéutico, asuman la responsabilidad de despachar recetas médicas constituye una decisión temeraria que plantea riesgos innegables para la calidad y seguridad de los medicamentos. Este hecho, además de devaluar la función del profesional farmacéutico, incrementa de manera injustificada la probabilidad de errores que podrían acarrear consecuencias graves para la salud de los pacientes.

Por último, la derogación de normativas que limitaban la venta de medicamentos a farmacias habilitadas, permitiendo su comercialización en diversos puntos de venta, entre ellos kioscos y estaciones de servicio, introduce un riesgo sanitario considerable. La ausencia de trazabilidad y control adecuado en estos establecimientos expone a la población a riesgos injustificados, todo ello en aras de un beneficio económico para los laboratorios privados, denotando una clara priorización de intereses empresariales sobre la salvaguardia de la salud pública.

En conclusión, el decreto emitido por el Sr. Milei ha sido objeto de críticas fundadas por su ostensible inclinación hacia intereses empresariales, desafiando las normas regulatorias en el ámbito farmacéutico y planteando desafíos sustanciales que requieren una atención inmediata para garantizar el bienestar y la seguridad de la población en general.