En concreto, explicó el sitio Notas Periodismo Popular, el nuevo decreto establece que para poder acceder a una asignación, el ingreso máximo familiar debe ser de 83.917 pesos, cuando hasta el momento dicha suma alcanzaba los 94.786 pesos. En la misma línea se estableció que las asignaciones no serán cobradas en caso de que uno de los integrantes del grupo familiar tenga un ingreso mensual superior a los 41.959 pesos, lo que significa una baja de 5434 pesos.
Otro de los puntos establece que aquellos trabajadores que tengan ingresos en blanco por debajo de los 2.816 pesos, ya no cobrarán la asignación familiar por hijo.
De esta manera, los trabajadores percibirán la Asignación Universal Por Hijo y no las Asignaciones Familiares (AF). Para sueldos de entre $2816 y $24.492, la AF será de $1578 por cada hijo. Hasta ingresos de $35.922, será de $1063; hasta $41.473, de $640; y hasta $83.917, se fijará en $328.
El decreto 702/2018 lleva la firma del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y la vicepresidenta Gabriela Michetti.
La normativa también dio por tierra el régimen diferencial por provincia que hasta el momento regía en el cobro de las asignaciones. Este punto era de vital relevancia debido a los cambios en el costo de vida según el distrito o región en la que se encuentre el beneficiario. Este cambio significa un recorte de hata el 53% para los beneficiarios de lugares como Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y la Antártida. Cabe destacar que el recorte zonal no afectará a las asignaciones por discapacidad.
El cuerpo del decreto establece que “resulta conveniente asociar el valor del límite de ingresos mínimo habilitante para la liquidación de asignaciones familiares, con el valor de la base imponible mínima previsional”. Asimismo aclara que se busca “evitar la eventual captación indebida de prestaciones de la seguridad social cuando los importes de las remuneraciones son declarados por el empleador en forma ilegítima, por un monto inferior al mínimo”.
Desde la Anses se excusaron bajo la premisa de que “muchos empleadores registraban a los trabajadores por un ingreso menor al real, para evadir aportes patronales”.
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