El bloque de concejales del oficialismo en Patagones avanza en la elaboración de un proyecto de ordenanza que busca endurecer las sanciones contra el transporte ilegal, en respuesta a un reclamo sostenido por parte del sector de taxis de la comarca.
La iniciativa surgió tras una reunión entre la titular de la Cámara de Taxis, Gisela García, y autoridades municipales, entre ellas el secretario de Gobierno, Matías Pérez, y el presidente del bloque oficialista, Santiago Dalmau. En ese encuentro se acordó avanzar en un marco regulatorio más estricto frente a la creciente presencia de los denominados “remises truchos”.
Según explicó García, el objetivo central es establecer “sanciones severas” para quienes desarrollen la actividad sin habilitación, en un contexto donde la normativa vigente —que data de 2007— resulta insuficiente para afrontar la realidad actual.
Además, adelantó que el proyecto busca ser coordinado con la ciudad de Viedma, donde se registra la misma problemática, con la intención de unificar criterios y controles en toda la comarca. La ordenanza podría ser presentada en los próximos días.
Desde el sector aseguran que la proliferación del transporte ilegal responde, en parte, a la crisis económica, pero también a la falta de controles efectivos. Las ofertas de viajes a través de redes sociales se han multiplicado y, según advierten, impactan directamente en la actividad de los taxis habilitados.
“Un remís está cobrando la mitad de lo que cobra un taxi, pero ellos no pagan seguro, no pagan habilitación, no pagan nada”, señaló García, quien remarcó la desigualdad en las condiciones de trabajo.
En paralelo al reclamo por mayor control sobre la ilegalidad, los taxistas también plantean la necesidad de revisar la carga impositiva que deben afrontar para poder trabajar dentro del sistema formal.
Entre los requisitos exigidos para la habilitación anual de taxis en Patagones, se incluyen múltiples verificaciones administrativas y técnicas. En primer lugar, se debe tramitar el libre deuda municipal, que contempla tasas como patentes, seguridad e higiene, servicios urbanos, construcción y mejoras, entre otras. Este chequeo tiene un costo administrativo de 5.000 pesos y, en caso de registrarse deuda, debe regularizarse o acordarse un plan de pagos.
Una de las publicaciones en redes sociales de los vehículos no autorizados
También se exige el control en el Juzgado de Faltas por infracciones de tránsito y la certificación de no figurar en el registro de deudores alimentarios, requisitos sin costo, pero obligatorios para continuar con el trámite.
A su vez, la Dirección de Transporte realiza la inspección general de la unidad y de la documentación del titular y chofer, instancia que incluye el pago de la habilitación anual, actualmente fijada en 85.000 pesos.
A esto se suma la inspección ocular anual —prevista para el mes de septiembre— donde se exige la presentación de documentación actualizada y la Verificación Técnica Vehicular (VTV), que debe realizarse en forma semestral, con un costo anual cercano a los 100.000 pesos, sin contar las reparaciones necesarias.
Los taxistas también deben afrontar otros gastos obligatorios, como la tramitación de libretas sanitarias, certificados de antecedentes penales y licencias profesionales, que en algunos casos requieren renovación anual.
En materia de seguros, remarcan que las pólizas para transporte de pasajeros son considerablemente más costosas que las de uso particular, incluso superiores a coberturas contra todo riesgo, y con mayores dificultades para ser contratadas.
Uno de los puntos más cuestionados es el costo de la transferencia de la licencia de taxi, que asciende a 1.650.000 pesos según la tarifaria 2026, una cifra que supera ampliamente el costo de transferencia de un vehículo particular, lo que representa —según el sector— una carga excesiva.
En este contexto, desde la Cámara de Taxis aseguran que no tienen previsto solicitar un aumento de tarifas, pero sí consideran necesario que el municipio revise las condiciones actuales para permitir que el servicio pueda sostenerse.
La discusión, en definitiva, plantea un escenario complejo: por un lado, la necesidad de controlar el transporte ilegal, y por otro, la urgencia de aliviar la carga sobre quienes cumplen con todas las exigencias.
Mientras el Concejo Deliberante avanza con el nuevo proyecto de ordenanza, el debate de fondo sigue abierto.
