Los procedimientos, argumentó Romero "se concretaron luego de algunos días de acumulación de pruebas, cuando solicitamos a la justicia ordinaria las órdenes de allanamiento".
Las investigaciones, que permitieron la concreción de los allanamientos, se realizaron en torno a la sustracción de una moto y el ingreso a un inmueble donde fueron robados algunos artículos de electrónica como televisores y teléfonos celulares.
Sobre los resultados, Romero precisó que "hemos podido lograr el secuestro de prendas de vestir que posiblemente utilizaron los autores de estos hechos al momento de cometerlos".
Además, puntualizó: "se secuestraron teléfonos celulares y en uno de los cinco domicilios, un arma de fuego que si bien no estaba descripta en las órdenes, se tomó esa medida de secuestro de oficio por tenencia ilegal, porque la familia tenia dentro del inmueble un arma calibre 32, tipo revolver, con municiones y apta para el disparo y es un domicilio donde reside uno de los imputados".
Si bien no hubo detenciones, este último secuestro quedó mencionado en el proceso penal impulsado de oficio, pero no se adoptó ninguna medida restrictiva de la libertad, pese a las consultas que se hicieron a la Fiscalía que estaba en turno.