Ferrari venía planteando esa postura de endurecimiento del régimen de excarcelaciones, que enfatizó luego del abuso seguido de muerte de Micaela García, la joven entrerriana víctima de Sebastián Wagner, un hombre que había sido condenado en dos ocasiones por el mismo delito pero estaba libre, beneficiado por una excarcelación.
Ahora, el ministro anunció que plasmará su punto de vista en una propuesta formal que remitirá al juez de Casación Penal Mariano Borinsky, quien preside la Comisión de Reforma de Código Penal, donde en principio habría acuerdo para reformar el capítulo de las excarcelaciones, pero de un modo menos restrictivo que el que propone Ferrari.
“Si quieren regular cuáles son los delitos que pueden estar habilitados para las libertades condicionales, entonces hay que hacer cambios en el Código Penal, no solo en le Ley de Ejecución”, dijo Ferrari.
Ferrari busca que se modifiquen los artículos 13, 14 y 24 del Código Penal, que son lo que regulan por qué delitos los condenados puede acceder a la libertad condicional. El objetivo de Ferrari es que “si a una persona le dan 20 años por un homicidio, que sean 20 años. Nada de estar revisando nada”.
Respecto de casos como el de Micaela García, violada y asesinada en Entre Ríos, Ferrari destacó que “hemos llamado a una comisión para redactar el nuevo Código Procesal de la Provincia enfocado en la víctima”, que estará “en el centro del proceso penal”.
La Provincia pedirá que se establezca en el Código de fondo que “aquellos delitos que sean graves y tengan como consecuencia la muerte o lesiones gravísimas o abusos de integridad sexual sean de cumplimiento efectivo” y la excarcelación no sea a “discrecionalidad de los jueces”.
AUTOGOBIERNO
Por otra parte, el ministro ratificó la decisión política de terminar con el “autogobierno” del Servicio Penitenciario y dijo que esa “situación de impunidad” derivó en 800 efectivos exonerados desde noviembre pasado y “5 mil sumarios en trámite”, tal como adelantara este diario en ediciones anteriores.
Ferrari agregó que desde que la gobernadora María Eugenia Vidal dispuso la intervención del SPB en noviembre se encontraron “56 personas que estaban condenadas por la justicia y estaban activas, 67 procesados, 62 con causas elevadas a juicio, 215 agentes que tenían ‘probation’” y, además, “había una situación de impunidad” que “seguimos investigando”.
El ministro aclaró que de los 5 mil sumarios en trámite “no todas las sanciones” puede ser “expulsivas”, por lo que hasta ahora no sabe “cuántos terminarán también siendo desvinculados del Servicio Penitenciario.
Fuente: El Día
