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La docente e investigadora Jimena Irisarri, del Departamento de Economía de la UNS y del IIESS, se refirió en FM DE LA COSTA a la cantidad de viviendas desocupadas que existen en la región y a las posibilidades de intervención desde las políticas públicas para revertir esa situación. Señaló que se trata de una característica marcada del sudeste bonaerense y que requiere decisiones colectivas para su abordaje.
“La gran característica diferente que tenemos en esta región es que tenemos muchas viviendas desocupadas, es decir, que podrían ser habitadas, y gente que se está yendo al extranjero”, expresó.
En ese sentido, planteó que “si hay suelo y viviendas para ser ocupadas, ¿por qué no generamos los mecanismos políticos para poder movilizar esto y tratar de favorecerlo?”, y destacó que Patagones “es pionera en movilizar suelo urbano”.
Irisarri advirtió que se trata de un proceso que no puede recaer únicamente en decisiones individuales dentro de los municipios.
“Es algo que está muy parado. Si nosotros decimos que hay uno o dos funcionarios en cada distrito que van a imponer una política que puede generar rechazo, se necesita el acompañamiento de un grupo mayor”, afirmó, al referirse a la necesidad de consensos sociales y políticos amplios.
Al respecto, explicó que “la ley de ordenamiento territorial tiene algunas herramientas para movilizar, como cobrar más impuestos o tratar de ver cómo hacemos para que una vivienda sea puesta en alquiler”, y remarcó que “hay herramientas y posibilidades, pero falta ponerlo en práctica, y es una cuestión política, no legislativa”.
Finalmente, contextualizó que “gran parte del sudeste bonaerense vive del campo. En otro momento la familia tenía acceso a la vivienda, y esas ciudades hoy van quedando desiertas porque la gente tiende a irse y el campo no está generando nueva población, de hecho está bajando en el sector rural”.
El antecedente de General Viamonte
Un caso citado como referencia es el del municipio bonaerense de General Viamonte, que implementó una política de mayor carga tributaria para viviendas urbanas desocupadas, con el objetivo de incentivar su incorporación al mercado de alquiler o su ocupación efectiva.
La medida se enmarca en herramientas previstas por la normativa vigente y apunta a movilizar el stock habitacional existente, una línea de acción que Irisarri considera posible de replicar en otros distritos de la región si existe decisión política y acompañamiento institucional.
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