Presidencia del HCD: piden opinión al TdC sobre la actitud de Cinirella

El bloque de concejales de Juntos envió una nota al Tribunal de Cuentas y a la Asesoría General de Gobierno de la Provincia para que opinen o dictaminen respecto de la validez jurídica del procedimiento llevado a cabo en la sesión especial en cuanto a la remoción y posterior decisión de la presidenta, Mariel Cinirella, de continuar en funciones.

Los ediles consultaron “si es jurídicamente válido que una autoridad del cuerpo presida la sesión en la que se trata su remoción, y en caso de empate, se autoatribuyan facultades de permanencia”.

También preguntaron “si corresponde considerar que el procedimiento en cuestión careció de eficacia jurídica, por no haberse efectivizado un acto de designación válido posterior al tratamiento del orden del día”.

En la misiva reseñan que “Con fecha 15 de mayo, se llevó a cabo una sesión especial del Honorable Concejo Deliberante del Partido de Patagones, formalmente convocada con antelación conforme lo prevé la Ley Orgánica de las Municipalidades y el Reglamento Interno del cuerpo, cuyo único punto del orden del día era el tratamiento de la remoción de las autoridades del HCD.

Dicha sesión se desarrolló en el recinto con la presencia de la totalidad de los concejales y se dio tratamiento al punto en cuestión. Sin embargo, durante su desarrollo se suscitaron hechos de notoria irregularidad institucional, que paso a enumerar:

La propia presidenta del cuerpo, sujeta al proceso de remoción, presidió la sesión especial desde su inicio hasta su cierre, ejerciendo funciones de conducción, otorgamiento de la palabra, y especialmente llamando a votación sobre la elección de nuevas autoridades, pese a ser directa interesada en el objeto de la sesión.

Esta situación violó de manera flagrante el principio de imparcialidad institucional y el derecho a un procedimiento reglado, tal como ha sido expresamente establecido por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en fallos como “Trama”, “Cepeda” y “Céspedes”, donde se ha señalado la obligación de garantizar la objetividad y neutralidad en los procedimientos de remoción dentro de los cuerpos colegiados.

Asimismo, resulta contrario a todo principio de derecho público que una autoridad que se encuentra sujeta a remoción conduzca el acto que decide sobre su propia permanencia, configurando una situación de incompatibilidad funcional evidente.

Posteriormente, al momento de someterse a votación la elección de nueva autoridad para la presidencia, se propusieron dos concejales: el edil [Duarte] y el edil [Constantino].

El resultado fue el siguiente:

Concejal Duarte: 7 votos

Concejal Constantino: 7 votos

Abstenciones: 2 (una de ellas, la de la propia presidenta sujeta a remoción)

Ante este resultado empate técnico sin mayoría para ninguno de los postulantes, la presidenta, sin someterlo a deliberación del cuerpo ni a interpretación conjunta del reglamento, resolvió por decisión propia continuar en el cargo, fundando tal acto en el hecho de que no se logró acuerdo sobre una nueva autoridad”.

Valoración Jurídico-Institucional

Adelantaron que a criterio de ese bloque “la conducta asumida por la presidencia en dicha sesión especial constituye una clara desviación de poder, contraria a la letra y el espíritu de la Ley Orgánica de las Municipalidades, el Reglamento Interno del HCD, y la jurisprudencia y doctrina vigente, conforme al siguiente razonamiento:

La remoción de autoridades del HCD está prevista en el art. 74 de la LOM, y debe realizarse en sesión especial, con mayoría simple o absoluta (según interpretación predominante). El acto de remoción no queda condicionado a la inmediata elección de un nuevo presidente. Por tanto, el empate en la elección de reemplazante no puede ser invocado para retrotraer el resultado ni para autolegitimar la continuidad de la autoridad removida.

La presidencia de la sesión debió ser asumida por un concejal designado ad hoc, ya que el principio de imparcialidad funcional impide que la autoridad sujeta a revisión conduzca el procedimiento sobre su propia destitución. Su participación activa, y particularmente su resolución unilateral de mantenerse en el cargo, viola el debido proceso institucional, pudiendo configurar un supuesto de usurpación de funciones públicas en términos jurídicos y administrativos.

Esta decisión genera efectos administrativos relevantes, como la firma de decretos, disposición de recursos presupuestarios, ejercicio de representación institucional y percepción de compensaciones, todo lo cual puede quedar viciado de nulidad si se confirma que la autoridad en funciones no fue válidamente ratificada ni elegida”.

Por todo ello solicitaron:

1. Solicitar a ese Honorable Tribunal de Cuentas y a la Asesoría General de Gobierno que se expidan formalmente sobre:

La validez jurídica del procedimiento llevado a cabo en la sesión especial del HCD del Partido de Patagones en cuanto a la remoción y posterior decisión de la presidenta de continuar en funciones.

Si es jurídicamente válido que una autoridad del cuerpo presida la sesión en la que se trata su remoción, y en caso de empate, se autoatribuyan facultades de permanencia.

Si corresponde considerar que el procedimiento en cuestión careció de eficacia jurídica, por no haberse efectivizado un acto de designación válido posterior al tratamiento del orden del día.

2. Solicitar expresamente la adopción de una MEDIDA DE NO INNOVAR, en el sentido de:

Que se suspenda la ejecución de cualquier acto administrativo, financiero, presupuestario o de representación institucional emanado de la presidencia en cuestión, hasta tanto se dirima la validez del procedimiento que supuestamente sostuvo su continuidad.

Que el HCD se abstenga de emitir actos institucionales que dependan de la validez de esa autoridad hasta que se aclare la situación institucional del cargo.

3. Poner en conocimiento de la presente consulta:

Al Honorable Concejo Deliberante del Partido de Patagones – Secretaría Legislativa, a fin de que tome debida nota de esta presentación.

Al Departamento Ejecutivo Municipal, por su competencia institucional e interés en garantizar la legitimidad de los actos de los poderes públicos locales.

La opinión de Dalmau

El concejal de Unión por la Patria, Santiago Dalmau, habló en torno a las definiciones que podrían existir sobre la presidencia del Concejo Deliberante, luego de que se confirmara la continuidad de Mariel Cinirella en ese cargo tras el empate entre el oficialismo y la oposición.

También opinó que la presentación que hizo Juntos al Tribunal de Cuentas.

"Son situaciones sumamente excepcionales, no suele suceder y no sé si ha sucedido en las mismas circunstancias que se dieron ayer. Son casos de lagunas en que hay que interpretar una norma o distintas, tanto del Concejo Deliberante como del Tribunal de Cuentas, y también de la Ley Orgánica, para ver su aplicación", dijo Dalmau a FM DE LA COSTA.

Expuso que "no es algo previsto. ¿Qué hacemos ante esta situación? Juntos propuso hacer una consulta al Tribunal de Cuentas y solicitarle medidas, lo mismo con la Asesoría General de Gobierno".

En ese sentido, opinó que "a mi forma de ver, la solicitud de medidas no son conducentes. Sí puede servir buscar la opinión de estos órganos para que nos den a los concejales, que somos los que debemos resolver esto, que nos permita resolver una cuestión que es política, tanto para un lado como para el otro".

Asimismo, Dalmau aclaró que "el Tribunal no va a designar a Duarte como presidente del HCD. Lo que sí pueden decir es que ante esta situación, etcétera".

El concejal indicó que "esto no está previsto para cualquier momento del año en que se decida cambiar a las autoridades o remover a cualquiera de ellas, sino que lo está sólo para la constitución del Concejo en sesiones preparatorias. La consulta será al Tribunal de Cuentas y a la Asesoría General del Gobierno para ver si se puede extender la aplicación a este caso".

Por ello, dijo que "esto tiene que ser una lección no sólo para Juntos, sino para todos, para que a la hora de priorizar alguna posibilidad de capitalización política, entender que estamos todos en el mismo barco, y que lo que se hace puede generar consecuencias que nos impidan actuar con normalidad".

Dalmau advirtió que "hoy estamos ante una situación en donde Juntos solicita incluso medidas de no innovar, que quiere decir que la presidencia no pueda hacer ninguna actividad prácticamente, lo que implica paralizar el HCD".

Por último, explicó que "lo que solicita al Tribunal en una copia que nos llegó es plantear la situación sobre la legitimidad de la actuación y de la permanencia de la presidenta en el cargo. Además, solicita medidas. No creo que puedan hacerlo sobre un órgano autónomo como el HCD. Lo que creo que harán es dar su opinión sobre la legalidad y ver si aplica la norma o no al caso que se plantea".