Aquel infractor que no pueda hacer frente a las costas del proceso y la eventual responsabilidad civil, podría llegar a perder el vehículo definitivamente.
La medida, según publica el sitio fiscales.gob.ar., se tomó tras verificar que gran parte de los presuntos delitos en violación al decreto 297/20 son cometidos por automovilistas, lo que agrava los riesgos de propagación del COVID-19.
Los bienes podrán, eventualmente, ser decomisados en favor del Estado Nacional o Estados provinciales.
El fiscal federal de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez, ya le hizo conocer al titular del Juzgado Federal N° 1, doctor Walter López Da Silva, que va adoptar ese temperamento de ser necesario.
A través de un oficio, le pidió al magistrado en turno que instruya a las fuerzas de seguridad para que adopten medidas cautelares que aseguren "el decomiso de vehículos (automotores, motovehículos) utilizados en infracción a las normas destinadas a proteger la salud pública en relación al COVID-19".
La restricción incluye el secuestro de toda la documentación habilitante para circular, las llaves del rodado y/o cualquier otro elemento mecánico o electrónico necesarios para su puesta en marcha
Esa medida, por otra parte, está prevista en el artículo 23 del Código Penal.
“Entender por qué hoy millones de mujeres no se van a poder jubilar, es también preguntarnos qué tipo de país queremos construir”
