La provincia facilitará el acceso al registro de violadores a quien lo solicite

El ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, explicó que a través de un decreto, la gobernadora hará el próximo mes un cambio de reglamentación al decreto de su antecesor Daniel Scioli del año 2009, que creó el Registro de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual.

Al respecto, Ferrari indicó que “es una decisión estratégica la de avanzar hacia una ampliación de las facultades informativas que hoy en día tiene el Registro de Condenas por Delitos contra la Integridad Sexual. Pretendemos agilizar la información para que sea transmitida a las instituciones o a quienes les resulte de interés y así evitar que ese condenado pueda volver a cometer un delito sexual".

En el borrador de trabajo se propone que la condena se comunique al municipio donde tenga registrado domicilio el condenado, a la Policía, instituciones, municipios y clubes de barrio o entidades.

Al respecto, Ferrari indicó que “es una decisión estratégica la de avanzar hacia una ampliación de las facultades informativas que hoy en día tiene el Registro de Condenas por Delitos contra la Integridad Sexual. Pretendemos agilizar la información para que sea transmitida a las instituciones o a quienes les resulte de interés y así evitar que ese condenado pueda volver a cometer un delito sexual".

El ministro sostuvo que "también se comunicará la condena al municipio donde tenga registrado domicilio el condenado y a la Policía de la provincia, para que comunique la información a las seccionales".

El subsecretario de Justicia, Patricio Grassi, explicó a esta agencia que "a través del Registro de Violadores se informan todas las condenas que dictan los jueces penales por delitos contra la integridad sexual: violación, corrupción de menores y otros" y dijo que desde 2009 los jueces tienen la obligación de informar al Registro esa condena".

Pero ese registro está cerrado al público, el acceso es muy limitado y sólo pueden obtener información sobre condenados los magistrados penales que tengan una investigación en curso o los particulares que logren demostrar un interés legítimo, a quienes sólo se les informa si la persona por la que consultan tiene o no antecedentes y, además, deben mantenerconfidencialidad sobre esos datos.

"Preguntan si Juan Pérez está registrado y le informan sí o no. Esa persona tiene obligación de no dar a publicidad lo que el Registro de Violadores le dijo", expresó Grassi y aclaró que "no obtienen ningún tipo de detalle: ni qué delito cometió la persona, ni dónde, ni cuándo, ni nada".

El funcionario sostuvo que "la idea de esta modificación es ampliar muchísimo eso. Queremos que el Registro de Violadores no sólo actúe como reacción sino que también tenga una actividad proactiva en el sentido de evitar que ese condenado pueda volver a cometer un delito sexual".

Grassi graficó que "una persona fue condenada por violación y de la sentencia surge que es docente o trabaja en un club en contacto con menores. Entonces, el Registro informará esa condena a la Policía, al ministerio de Educación, al colegio o a la institución en donde se desempeñaba la persona para que ellos puedan bajar esa información a donde consideren".

El funcionario precisó que "en el ámbito natural donde la persona trabajó ya se sabe. Por ejemplo en un colegio meten preso a un profesor por abuso y todo el mundo ya lo sabe", al desestimar que la modificación estigmatice a quienes purgaron su pena por haber cometido un delito sexual.

"La idea no es que con la información le hagan un escrache a la persona cuando sale de la cárcel. Sólo se busca una cuestión básica de protección. Si alguien es condenado por violación y cuando sale en libertad va a trabajar en un ámbito donde hay menores, la idea es que allí estén alertas", dijo.

"No es una nueva pena. En absoluto. No es un castigo por nada. Es algo que funciona en muchos países. En algunos estados de Estados Unidos, por ejemplo, buscás en el Registro que está en Internet 'John Dow' y es totalmente abierto. Te dice si es violador y todos los datos".

La nueva medida mantiene que quienes soliciten información sobre determinada persona deban plantear un interés legítimo en esa búsqueda, que vivan cerca del sujeto, que éste sea profesor o maestro de sus hijos o que tenga contacto de algún tipo.