Autorizaron nuevos aumentos en los colegios privados: las cuotas subirán en agosto y septiembre

Las autoridades bonaerenses aprobaron nuevos cuadros arancelarios para los colegios privados subvencionados, que comenzarán a regir durante los próximos dos meses.

Según informó la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), la Dirección General de Cultura y Educación autorizó un aumento del 5,5% para las cuotas de agosto y un segundo ajuste del 2,5% para septiembre.

Al aplicarse de manera consecutiva, las dos actualizaciones representan una suba acumulada aproximada del 8,1% respecto de los valores vigentes hasta ahora.

Los nuevos cuadros fijan los montos máximos que podrán cobrar los establecimientos de acuerdo con el nivel educativo y el porcentaje de aporte estatal que recibe cada institución.

La autorización comprende a colegios privados subvencionados de los niveles Inicial, Primario, Secundario, Técnico, Agrario y Superior. Las cuotas máximas varían según el aporte estatal, que puede ir del 40% al 100% de los gastos salariales reconocidos.

Los colegios aseguran que el incremento es insuficiente

El secretario ejecutivo de AIEPA, Martín Zurita, consideró que las subas autorizadas no alcanzan para cubrir el aumento de los costos operativos y salariales que deben afrontar las instituciones.

El dirigente explicó que la diferencia debe ser financiada con recursos propios de los establecimientos, en un contexto marcado por la morosidad en el pago de las cuotas, la reducción de la matrícula y los mayores gastos destinados al mantenimiento de los edificios.

“Este nuevo incremento no permite a los institutos emparejar todos los aumentos de costos y las subas salariales que deben afrontar las instituciones”, afirmó Zurita.

También mencionó los problemas financieros generados cuando los incrementos salariales deben abonarse antes de que las autoridades permitan trasladar una parte de esos costos a los aranceles.

Desde AIEPA señalaron que mantienen conversaciones permanentes con los responsables educativos de las diferentes jurisdicciones para encontrar respuestas a esas dificultades.

La entidad advirtió que el objetivo es evitar que instituciones con décadas de trayectoria deban cerrar cursos, reducir servicios o dejar de brindar educación a las familias que las eligieron.

Los valores autorizados funcionan como topes máximos: cada establecimiento deberá informar a las familias cuál será la cuota aplicable, según su nivel educativo, estructura de costos y porcentaje de subvención estatal.