Fotomultas bajo sospecha: investigan $1.900 millones y crece la presión sobre Kicillof para transparentar la recaudación

El sistema de fotomultas bonaerense atraviesa una creciente controversia política, administrativa y judicial. A las denuncias sobre el funcionamiento de radares que presuntamente no cumplen con los requisitos legales se suma una investigación por el posible desvío de aproximadamente 1.900 millones de pesos, correspondiente a operaciones realizadas durante 2024.

La situación vuelve a colocar bajo la lupa al gobierno de Axel Kicillof, ya que la administración provincial no solamente tiene facultades para autorizar y controlar los dispositivos de fiscalización electrónica, sino que también participa de la distribución de los recursos obtenidos mediante las sanciones.

En paralelo, el diputado provincial Andrés De Leo, presidente del bloque de la Coalición Cívica, presentó un proyecto para modificar el funcionamiento del sistema, exigir mayores controles y anular las multas pendientes de pago que hayan sido confeccionadas mediante radares sin las autorizaciones correspondientes.

La iniciativa tiene una repercusión particular en Carmen de Patagones, donde el Concejo Deliberante aprobó una resolución de acompañamiento impulsada por el concejal radical Marco Trípodi. Además, en la ciudad ya fueron instalados tres dispositivos de control de velocidad que, según se informó recientemente, todavía no se encuentran operativos.

Una investigación por $1.900 millones

Uno de los aspectos más delicados del conflicto está relacionado con una investigación judicial vinculada con la gestión del exministro de Transporte bonaerense Jorge D'Onofrio.

De acuerdo con información publicada por TN y retomada por el portal Primera Página, la Justicia analiza un presunto desvío de aproximadamente 1.900 millones de pesos durante 2024, en el marco de convenios relacionados con la administración y recaudación de fotomultas.

La investigación comprende acuerdos que involucraron a once municipios, entidades universitarias y prestadores privados. Entre los distritos mencionados figuran La Matanza, Roque Pérez, Olavarría y General San Martín.

También se examina la participación de distintas organizaciones y empresas vinculadas con servicios tecnológicos, administrativos y de gestión de infracciones.

Es importante señalar que los 1.900 millones de pesos constituyen una cifra bajo investigación judicial y que, hasta el momento, no corresponde presentarla como un desvío definitivamente acreditado.

Sin embargo, la magnitud de los fondos involucrados profundizó los cuestionamientos sobre los mecanismos de contratación, los controles administrativos y el destino final de los recursos recaudados a los automovilistas.

¿Quién se queda con el dinero de las fotomultas?

Otro de los interrogantes centrales es cómo se distribuye el dinero que pagan los conductores.

La Ley Provincial de Tránsito 13.927 establece distintos mecanismos de distribución de los ingresos según la jurisdicción y la autoridad que constate las infracciones.

En determinadas situaciones, el reparto puede establecer un 50% para el municipio y otro 50% para la Provincia. En otros casos, los convenios contemplan porcentajes diferentes.

Incluso existen acuerdos administrativos que establecieron distribuciones del 80% para las comunas y del 20% para la administración bonaerense, mientras que otros esquemas incorporaron pagos a prestadores externos.

Esto significa que no existe un porcentaje único aplicable a todos los municipios y que resulta necesario conocer los convenios particulares para determinar cuánto dinero recibe efectivamente cada participante.

En abril de 2025, el Ministerio de Transporte provincial, encabezado por Martín Marinucci, dispuso una auditoría para revisar cuentas bancarias, beneficiarios y porcentajes de distribución, luego de detectarse inconsistencias administrativas.

La auditoría no constituye por sí misma una prueba de delito, pero puso en evidencia la necesidad de revisar los mecanismos utilizados para administrar los recursos.

En este contexto, uno de los principales reclamos apunta a que el gobierno de Kicillof publique información completa sobre la recaudación provincial, los montos transferidos a cada municipio y los pagos realizados a empresas, fundaciones y otras entidades que participan del sistema.

De Leo quiere anular las multas de radares irregulares

Mientras avanza la controversia por el manejo de los fondos, el diputado Andrés De Leo impulsa una reforma de la legislación bonaerense para modificar las condiciones de instalación y funcionamiento de los cinemómetros.

En una entrevista concedida a FM DE LA COSTA, el legislador sostuvo que numerosos dispositivos instalados en la provincia no cumplirían con los requisitos exigidos por la normativa vigente.

"Un parámetro clave que no se cumple es que los radares no están para recaudar. Los radares están para prevenir accidentes. Por lo tanto, deben estar ubicados en lugares estratégicos donde haya casuística de accidentes", afirmó.

El proyecto contempla un plazo de 90 días para regularizar el funcionamiento de los equipos, exige que los controles estén debidamente señalizados y propone impedir que las tareas de fiscalización directa sean privatizadas o concesionadas.

También establece la necesidad de contar con verificaciones técnicas periódicas, justificar la ubicación de los dispositivos mediante estudios de siniestralidad y garantizar que los automovilistas reciban advertencias claras sobre las velocidades máximas permitidas.

Uno de los puntos centrales es la obligación de colocar cartelería informativa al menos 500 metros antes del lugar donde se efectúe el control.

De Leo considera que los radares no deben instalarse en sectores donde los cambios repentinos de velocidad puedan sorprender a los conductores y generar infracciones evitables.

En ese sentido, defendió la necesidad de que los controles sean conocidos y visibles, porque su objetivo debería ser conseguir que los vehículos reduzcan la velocidad antes de llegar a lugares peligrosos.

La propuesta también contempla la anulación de las fotomultas pendientes de pago emitidas mediante dispositivos que no cumplan con las autorizaciones exigidas.

De todos modos, la iniciativa todavía debe atravesar el tratamiento legislativo y no implica que actualmente hayan quedado anuladas las multas en la provincia de Buenos Aires.

El antecedente de Río Negro y el respaldo de Patagones

El proyecto bonaerense toma como referencia una reforma aprobada en Río Negro a partir de una iniciativa del legislador Javier Acevedo, de la Coalición Cívica ARI.

Aquella experiencia incluyó la revisión del sistema de radares, modificaciones contractuales y la anulación de unas 460.000 fotomultas anteriores, según los antecedentes citados por los impulsores de la propuesta.

De Leo destacó que la legislación rionegrina consiguió acompañamiento político de distintos sectores y expresó su expectativa de que ocurra algo similar en Buenos Aires.

En Carmen de Patagones, el concejal Marco Trípodi promovió una resolución de respaldo al proyecto, que fue aprobada por la mayoría del Concejo Deliberante, aunque con varias abstenciones.

Durante su entrevista con FM DE LA COSTA, el diputado agradeció expresamente ese acompañamiento institucional y destacó la importancia de que un municipio del extremo sur bonaerense se involucre en el debate.

La discusión adquiere una dimensión concreta para la comunidad maragata por la instalación de tres radares en distintos sectores de la ciudad, cuyo funcionamiento todavía no había comenzado al momento de la entrevista.

Su futura puesta en marcha vuelve especialmente relevante conocer las habilitaciones, los controles técnicos y las condiciones bajo las cuales podrían comenzar a emitirse infracciones.

La responsabilidad del gobierno provincial

La controversia también abrió un debate sobre las responsabilidades de la Provincia y de los municipios en el funcionamiento del sistema.

Según plantea una publicación de Primera Página, la administración de Kicillof no puede desligarse de los cuestionamientos atribuyendo toda la responsabilidad a las comunas, debido a que los organismos provinciales intervienen en las autorizaciones, la fiscalización y la distribución de recursos.

En ese marco, se reclama conocer cuántos radares funcionan actualmente, qué autoridad habilitó cada dispositivo, quién valida las infracciones y qué mecanismos se utilizan para garantizar la legalidad de las sanciones.

También se plantea la necesidad de publicar los resultados de las auditorías, los convenios con prestadores privados y los ingresos obtenidos durante los últimos años.

La participación de empresas o entidades externas no implica necesariamente una irregularidad. Sin embargo, resulta fundamental determinar qué servicios prestan, cuánto perciben y bajo qué condiciones fueron contratadas.

Del mismo modo, la existencia de una investigación judicial no permite atribuir responsabilidades penales al gobernador ni a los intendentes sin pruebas concretas.

La discusión apunta, por un lado, a establecer eventuales responsabilidades individuales en los hechos investigados y, por otro, a determinar qué controles debe garantizar la administración provincial sobre un sistema que involucra importantes recursos públicos.

Qué puede pasar con las multas que ya recibieron los conductores

La controversia también genera interrogantes entre quienes recibieron fotomultas y todavía no las abonaron.

La legislación vigente contempla requisitos específicos para la utilización de radares y procedimientos administrativos que deben respetarse para que las sanciones resulten válidas.

Entre otros aspectos, corresponde verificar la autorización del equipo, su homologación, las condiciones técnicas de funcionamiento, la señalización y los datos incorporados en el acta.

Cuando existen incumplimientos legales, los automovilistas pueden recurrir a los mecanismos administrativos o judiciales previstos para cuestionar una infracción.

Sin embargo, no todas las fotomultas son automáticamente ilegales ni pueden dejar de pagarse por la sola existencia del proyecto de De Leo.

La eventual anulación general de determinadas infracciones dependerá de la aprobación de la reforma y de las condiciones que finalmente establezca la legislación.

Mientras tanto, el conflicto continúa sumando cuestionamientos sobre el funcionamiento de los controles de velocidad, la participación de empresas privadas y el manejo de los fondos.

Con una investigación judicial millonaria en marcha, auditorías administrativas y una propuesta legislativa que busca revisar el sistema, el gobierno bonaerense enfrenta una creciente demanda de transparencia.

El interrogante de fondo ya no se limita a determinar si los radares están correctamente instalados, sino también a conocer quién controla las infracciones, quién recibe el dinero y qué garantías tienen los conductores de que las sanciones se aplican conforme a la ley.