La Justicia ratificó las facultades de control de CORFO

La reciente sentencia dictada por la Justicia rechazó la demanda que el Consorcio Hidráulico había iniciado contra CORFO. Confirmó el acto administrativo resuelto por CORFO dentro de las facultades y ratificó las atribuciones que brinda la Ley, de control y fiscalización sobre el ente consorcial.

El Juez concluyó en su sentencia que: "El acto fue dictado por autoridad competente, dentro del régimen jurídico que regula la actuación de CORFO como entidad administradora del riego y autoridad de aplicación en la zona del Valle Bonaerense del Río Colorado."

El conflicto se originó en 2023, cuando CORFO -según informaron desde ese organismo- como creador del consorcio y en su rol de organismo fiscalizador "detectó en el ejercicio contable 2020 gastos y contrataciones que no guardaban relación directa con los fines para los cuales habían sido recaudados determinados fondos que administraba el consorcio. A partir de ello se convocó a una asamblea mediante la Resolución 20/2023 y posteriormente se dictó la Resolución 36/2023 con observaciones sobre distintos aspectos administrativos y contables".

Frente a esa decisión, el Directorio del Consorcio "promovió una demanda judicial en agosto de 2023 sosteniendo que CORFO no tenía facultades para realizar esas observaciones ni para controlar la utilización de determinados recursos administrados por el Consorcio".

Al instalarse este conflicto, muchos regantes dejaron de participar de la vida institucional del sistema de riego. Durante meses la discusión se trasladó a redes sociales, medios de comunicación y espacios públicos, generando divisiones dentro de la propia zona de riego.

Durante años se sostuvo públicamente que CORFO pretendía quedarse con los fondos de los regantes, intervenir en las decisiones del Consorcio, burocratizar el sistema o perjudicar a la zona de riego. Muchas de esas acusaciones estuvieron dirigidas personalmente contra las autoridades del organismo y contribuyeron a profundizar un clima de confrontación que alcanzó su punto más crítico con la toma de las oficinas de CORFO en septiembre de 2023, hecho que dio origen a una causa penal.

Sin embargo, luego del análisis de los antecedentes, la normativa aplicable y toda la prueba producida, la Justicia concluyó que la actuación de CORFO fue legítima y ajustada a derecho, tal como lo afirmaban los dictámenes legales de CORFO.

El fallo también rechazó la idea de que "los fondos recaudados para destinos específicos puedan quedar fuera de los controles previstos por la ley. En otras palabras, no puede pretenderse recaudar dinero de los regantes para un fin determinado y al mismo tiempo impedir que la autoridad de control verifique cómo se administra, utiliza y si se cumple el fin".

Como lo dictaminó CORFO en su momento, los recursos deben ser administrados por el Directorio del Consorcio y deben destinarse a los fines para los cuales fueron recaudados.

"La sentencia reafirma un principio basico: la transparencia, la rendición de cuentas y el control de los recursos del sistema de riego no son un obstáculo. Por el contrario, son herramientas que fortalecen la confianza y protegen los intereses de todos los regantes", señalaron desde CORFO.

Añadieron sus autoridades que este fallo "también abre una oportunidad para reconstruir vínculos institucionales sobre bases más sólidas, dejando atrás años de confrontación y avanzando en un camino de transparencia, diálogo y responsabilidad".

"Después de años de debate, la Justicia fue clara: CORFO tiene la obligación legal de controlar, fiscalizar y velar por la correcta utilización de los recursos vinculados al sistema público de riego del Valle Bonaerense del Río Colorado", cerraron.

FUENTE: CORFO Río Colorado