El intendente de Patagones, Ricardo Marino, manifestó su firme oposición a la reforma del régimen de "Zona Fría" que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y que amenaza con eliminar los descuentos en las tarifas de gas para miles de usuarios.
En diálogo con FM DE LA COSTA, el jefe comunal anunció que buscará el respaldo del Poder Legislativo local para repudiar la medida.
Sostuvo que su intención es "convocar a sesión especial la semana que viene y presentar un proyecto de resolución que rechace y repudie esta actitud del gobierno nacional de dejarnos excluidos de los beneficios en el gas, lo que implica un grave perjuicio para nuestra comunidad".
En ese sentido anunció que en las próximas horas tendrá una reunión con el bloque oficialista para abordar esta cuestión.
Marino ratificó que encabezará las gestiones ante otros jefes comunales afectados para frenar el avance de la ley en el Senado.
Manifestó que "no está en discusión la Patagonia, está en discusión el quite de este beneficio; nos toca llevar la bandera de esta lucha para defender lo que ya habíamos logrado".
El impacto de la reforma legislativa
La preocupación del intendente surge tras la aprobación en Diputados de un proyecto que busca modificar la Ley 27.637, reduciendo significativamente el alcance territorial de los subsidios. La iniciativa oficialista propone retornar al esquema original del régimen, eliminando el beneficio automático para las zonas que fueron incorporadas durante la ampliación del año 2021.
Esta modificación técnica afectaría directamente a 14 distritos de la provincia de Buenos Aires que hoy cuentan con el beneficio por criterio geográfico. Según el proyecto, estos usuarios dejarían de recibir el descuento automáticamente, pasando a un sistema de "subsidio focalizado" basado exclusivamente en los ingresos del hogar.
Al respecto, Marino declaró que la medida busca "cercenar derechos de una lucha de muchos años que hicimos con este pueblo".
El nuevo esquema establece que el beneficio solo continuará para aquellos hogares que acrediten ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales, lo que en la práctica dejaría fuera del sistema a más de 1,69 millones de hogares en todo el país.
