


Piden que Luciano Príncipe no jure como concejal: los motivos
Ayer




Las autoridades de CORFO Río Colorado enviaron una nota al Concejo Deliberante de Patagones con el fin de impedir la jura de Luciano Príncipe como concejal. El acto está previsto para este viernes a las 10.


El electo edil se encuentra imputado por la "toma" de la sede de dicha Corporación, un hecho ocurrido en septiembre de 2023. En esa oportunidad Productores rurales, entre los que se encontraba Príncipe, tomaron las instalaciones de CORFO en reclamo por conflictos con el administrador y la falta de diálogo sobre la problemática del agua en la región.
Como resultado de estos eventos, la justicia citó a indagatoria a los participantes, resultando en la imputación de Príncipe, quien posteriormente fue electo concejal por La Libertad Avanza. La imputación sigue su curso y la causa judicial avanza.
“En consecuencia y ante estos hechos, es nuestra obligación no solo cumplir con la comunicación administrativa presente, sino como víctimas del ilícito hacerles un llamamiento a la responsabilidad institucional que históricamente ha tenido vuestro Cuerpo Deliberativo, ya que la presencia del concejal electo Luciano Príncipe responsable de los hechos mencionados implica un acto que lesiona severamente la honorabilidad del Concejo Deliberante,por ser dicha actuación reñidas con la ética pública”, señalaron desde el organismo que conduce Ramiro Vergara.
Añadieron que “resulta inadmisible que una persona investida de representat ividad popular, cuya función es legislar y velar por el orden jurídico, se encuentre imputada por atacar violentamente, usurpar y paralizar un organismo del propio Estado al que debe servir”.
“No estamos ante un delito culposo o un conflicto privado, el Sr. Príncipe está acusado de ‘ingresar por la fuerza’, violentando accesos y tomando de facto la sede de CORFO, un organismo del Estado, por lo que su delito es un actode violencia contra las Instituciones de la Provincia que no puede pasar desapercibido”, remarcaron.
Mencionaron además que “agrava aún más la situación la actitud asumida por el Sr. Príncipe frente a la Justicia, según consta en el acta, al momento de ser indagado eligió ampararse en el silencio y manifestó "que no va a prestar declaración. Si bien el silencio es una garantía procesal, en la esfera de la ética pública que se le debe exigir a un concejal electo, la misma constituye una claudicación moral. Un funcionario público honesto, falsamente acusado, clama su inocencia y ofrece explicaciones. El silencio de un representante del pueblo ante la imputación de haber violentado un edificio público es oscurantismo puro y confesión desprecio por la ética que se le exige a los funcionarios”.
Consideraron además que “el Sr. Príncipe le debe explicaciones a la sociedad de Patagones. Su negativa a declarar ante el Fiscal no es "estrategia de defensa"; es una muestra de opacidad y falta de rendición de cuentas que le corresponde en su rol de representante del pueblo. Políticamente, quien calla ante una acusación de tal magnitud, otorga verosimilitud a los hechos y demuestra que no tiene argumentos válidos -para justificar su accionar violento ante la comunidad”.
Finalmente señalaron “la contradicción ética que existe entre el accionar imputado y el juramento que deberá prestar el Sr. Prfncipe al asumir su banca. Quien jura solemnemente ‘respetar y hacer respetar la Constitución de la Provincia y las leyes’ no puede, bajo ningún concepto, encabezar vías de hecho que violentan la propiedad del Estado provincial y paralizan su funcionamiento administrativo”.
Por ultimo solicitaron “se activen sin dilataciones los mecanismos administrativos que correspondan a los fines de dilucidar sobre las contradicciones éticas detalladas que se generarán sobre la validez de la jura del Señor Luclano Principé, si es que la misma ocurre, y en su caso con su posterior desempef\o como miembro del
Honorable Concejo Deliberante”.
Los pasos a seguir
La situación de Príncipe tendrá que ser evaluada por la Comisión de Poderes del Concejo Deliberante, Se trata de de un área interna encargada de analizar y emitir dictámenes sobre la legalidad y las credenciales (poderes) de los concejales electos y sobre la validez de las decisiones del cuerpo, asegurando que se ajusten a las normas constitucionales y a la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Funciona como un filtro previo al debate en el recinto, donde se discuten las impugnaciones y se formaliza la constitución del Concejo.

























