En los dos encuentros anteriores, la administración Vidal no se movió de la oferta de 15 por ciento, en sintonía con las metas de inflación trazadas por la Nación. Según dejaron trascender, se consideran imposibilitados de mejorar esa oferta por las cláusulas del pacto fiscal rubricado con el Gobierno Nacional.
Se trata de un acuerdo que, entre otras cosas, reestablecerá el flujo de dinero congelado desde hace décadas en concepto de Fondo del Conurbano. Para 2018, implicará unos 40 mil millones de pesos que, no obstante, no eliminan el déficit crónico de las cuentas provinciales, según aseguró tras la última reunión el ministro de Economía, Hernán Lacunza.
“Esto no es un regateo, hacemos la mejor propuesta posible y no hay mucho margen para un cambio sustantivo”, dijo tras el fracaso de la última negociación. “No podemos hipotecar el futuro de los bonaerenes”, explicó. Antes de permitir las preguntas a los periodistas, se adelantó a lo que todos querían saber: “Aún con la plata del Fondo del Conurbano tenemos 30 mil millones de pesos de déficit”.
Entre la primera y la segunda reunión, los ministros de Vidal se comprometieron a mejorar la oferta, sin tocar el techo de 15 por ciento. Con esa mejora, el salario docente promedio pasa de 24 a 28 mil pesos, según los datos del Gobierno.
Hasta ahora, la Provincia se centró en mejorar aspectos complementarios como el plus por presentismo, que estiró de 4.500 a 6.000 pesos y que sólo percibirán los docentes que no hayan faltado a lo largo del año. Independientemente del acuerdo, Educación anunció que el 2 de marzo depositará los 4.500 pesos a los docentes que no hayan faltado durante 2017.
El ausentismo y los "abusos" en los pedidos de licencia son hasta ahora el caballito de batalla del Gobierno. El Ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, dijo que se otorgaron en 2017 un promedio de 105 mil licencias por mes y que a lo largo del año se registraron 117.343 suplencias. El costo fiscal, aseguró, llega a 19 mil millones por año.
La intervención del Ministro de Economía fue repudiada por los gremios, que consideran que actúa como juez y parte en el conflicto. El gran ausente en la negociación es el Director General de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Zinny, que hasta ahora no se ha expresado públicamente.
Los gremios piden, por su parte, una recomposición del orden del 20 por ciento, según las metas de inflación del Banco Central, que incluya la llamada "cláusula gatillo" que sirve como garantía para que el salario no pierda poder adquisitivo.
En el interín, hay una verdadera polémica desatada por la decisión del Gobierno de fusionar cursos y escuelas, lo que en los hechos implica el cierre de establecimientos rurales y del Delta bonaerense, lo cual llevó a la oposición a pedir la interpelación del ministro Sánchez Zinny.
Y una fuerte presión desde el ala más izquierdista de los gremios docentes, específicamente SUTEBA, que presiona a Roberto Baradel para que lance medidas de fuerza. La SUTEBA Multicolor, que maneja algunas seccionales como La Matanza, Escobar, Ensenada y General Madariaga, ya lanzó un paro de 72 horas que comenzaría el día mismo de inicio de clases, fijado para el próximo lunes, y que empalma con el paro de mujeres del 8 de marzo, totalizando 4 días sin clases.
FUENTE: Infocielo
