Luego de conocerse que entre el 1 de septiembre y el 4 de octubre se recibieron 2.400 amenazas de bomba en las escuelas del distrito, las autoridades provinciales se encargaron de advertir que “una amenaza de bomba no es una broma”, sino “un delito”.
Según se informó, ante cada llamada se desplaza una logística que incluye a la Brigada de Explosivos, fuerzas policiales, bomberos y Defensa Civil, se alerta a hospitales públicos y las cuadrículas de la zona.
Por ello, según las fuentes, los costos que se generen “deberán ser cubiertos por las demandas”.
“Un llamado engañoso implica intimidación pública, un delito penado con dos a seis años de prisión. Con la tecnología con la que contamos es muy fácil rastrear de dónde provienen los llamados”, advirtieron.
FUENTE: Red de radios
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