A través del acuerdo, la Procuración General y el Ministerio de Justicia de la Provincia van a constituir un cuerpo de abogados cuya función será ofrecer asesoramiento legal pleno y gratuito a los damnificados por hechos delictivos graves y a sus familiares.
“Cuando el Estado no puede evitar un delito, por lo menos tiene que estar presente para atenuar las consecuencias. Las víctimas han sido las grandes olvidadas del proceso penal durante décadas en nuestro país”, destacó Ferrari.
Los profesionales trabajarán con aquellas personas que por su situación de vulnerabilidad y escasez de recursos económicos no puedan afrontar los gastos de asistencia o patrocinio de un letrado.
El Cuerpo de Abogados de la Víctima tendrá dedicación exclusiva durante todo el proceso e incluso representarla cuando ésta se constituya como particular damnificado. (Red de radios)
