La misma, delimita el uso del beneficio del 2×1, que fue aplicado por la Corte Suprema en una causa por delito de lesa humanidad, y que provocó el repudio de todos los organismos de Derechos Humanos, el arco político y social.
Tras una fuerte presión social, los Diputados abordaron inmediatamente la legislación, para producir una nueva medida que complementase el vacío legal que permitió que este fallo haya sido posible.
Ahora, mediante el decreto 329/2017, que reglamenta esta legislación, ya no podrá aplicarse para las penas de las causas que impliquen delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra según el derecho interno o internacional.
FUENTE: Grupo La Provincia
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