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# (AUDIO) Quieren anular miles de fotomultas en la provincia de Buenos Aires: "Los radares no están para recaudar"

![FOTOMULTAS EN LA CALLE JUAN DE LA PIEDRA](/download/multimedia.normal.861f4a6a2a378676.YTUzYjE5NDMtMTY0OC00NTk3LWIzMGEtNWQ2NGNjOWRfbm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)

El diputado provincial de la Coalición Cívica ARI, **Andrés De****Leo**, formuló fuertes cuestionamientos al sistema de radares y fotomultas que funciona en la provincia de Buenos Aires, al considerar que buena parte de los dispositivos instalados no cumple con las condiciones exigidas por la legislación vigente y que, en numerosos casos, su utilización responde más a objetivos recaudatorios que a la prevención de accidentes.

En diálogo con [**FM DE LA**](https://www.fmdelacosta999.com.ar)[**COSTA**](https://www.fmdelacosta999.com.ar), el legislador explicó los alcances de un proyecto de ley que presentó en la Legislatura bonaerense, inspirado en una normativa aprobada anteriormente en Río Negro, por iniciativa del legislador Javier Acevedo.

La propuesta tomó relevancia en Carmen de Patagones luego de que el concejal radical **Marco****Trípodi** impulsara una resolución de acompañamiento, que finalmente fue aprobada por el Concejo Deliberante, aunque con varias abstenciones.

La discusión también adquiere interés local debido a que en Patagones ya fueron instalados tres radares en distintos sectores de la ciudad, que, según se señaló durante la entrevista, todavía no se encuentran en funcionamiento.

## "La enorme mayoría de los radares no está cumpliendo los requisitos"

De Leo explicó que la iniciativa busca trasladar a territorio bonaerense los criterios establecidos por la legislación rionegrina, que recibió el acompañamiento del oficialismo provincial pese a haber surgido de la Coalición Cívica.

"Este proyecto está emulando una ley que se sancionó en la provincia de Río Negro, que fue iniciativa del diputado **Javier****Acevedo**, de la Coalición Cívica ARI, pero que fue recepcionada bien por el oficialismo provincial", señaló.

En ese sentido, sostuvo que Buenos Aires enfrenta una situación similar, aunque posiblemente más grave.

"La enorme mayoría de los radares, los famosos cinemómetros, que elaboran las fotomultas, no están cumpliendo los requisitos que establece la Ley Nacional de Tránsito, a la cual la provincia se encuentra adherida", afirmó.

El diputado explicó que, si bien las provincias tienen facultades propias para regular el tránsito, Buenos Aires adhirió a la legislación nacional, que establece condiciones específicas para la instalación, autorización y funcionamiento de estos dispositivos.

Para De Leo, uno de los problemas centrales es la elección de los lugares donde se colocan.

"Un parámetro clave que no se cumple es que los radares no están para recaudar. Los radares están para prevenir accidentes. Por lo tanto, deben estar ubicados en lugares estratégicos donde haya casuística de accidentes", remarcó.

También cuestionó que algunos equipos se ubiquen en sectores donde las condiciones de circulación pueden resultar confusas para los automovilistas.

"No tienen que estar en lugares donde de alguna manera pueda resultar engañoso para el conductor dónde tiene que reducir velocidades, pero no está ni bien establecido ni claramente delimitado", agregó.

## Señalización obligatoria y controles tecnológicos

El legislador detalló que su proyecto contempla una serie de exigencias para regularizar el sistema y propone otorgar un plazo de 90 días al Poder Ejecutivo provincial para adecuar los dispositivos.

Entre los principales requisitos mencionó la ubicación de los radares en lugares donde efectivamente contribuyan a prevenir siniestros viales, la utilización de tecnología confiable y la correcta señalización de los controles.

"Tienen que estar debidamente en regla en materia de tecnología, tienen que ser inviolables, tienen que garantizar que la infracción que se labre esté debidamente acreditada", explicó.

En ese contexto, hizo referencia a situaciones denunciadas por automovilistas que reciben multas correspondientes a lugares por los que aseguran no haber circulado.

"Seguramente ahí en el distrito de Patagones algún oyente habrá recibido en algún momento alguna fotomulta de lugares donde no ha transitado jamás", ejemplificó.

De Leo consideró que esas situaciones ponen en discusión las garantías tecnológicas y la confiabilidad de los registros utilizados para aplicar sanciones.

Otro aspecto fundamental es la cartelería.

"En los lugares donde están establecidos los radares, 500 metros antes tiene que estar indicado que hay un radar o fiscalización electrónica y tiene que ir marcando la reducción de velocidad gradualmente, debidamente señalizada", sostuvo al describir las exigencias que busca hacer cumplir.

Advirtió que, cuando esa información no está disponible, los conductores pueden ser sancionados sin haber tenido una advertencia clara sobre los límites establecidos.

"La persona que es infraccionada viene a una velocidad que entiende que es la que debe pasar, por ejemplo, en algún lugar a 60 y tal vez es a 40 donde el radar está. Si no está debidamente señalizado, eso termina siendo una trampa para la persona", expresó.

## "Está para que no se cometa la infracción"

De Leo defendió especialmente la necesidad de que los lugares donde funcionan los radares sean de conocimiento público.

Según explicó, el objetivo de un sistema de fiscalización vial debería ser conseguir que los conductores reduzcan la velocidad antes de llegar a los sectores peligrosos y no sorprenderlos para aplicarles una sanción.

"A mí se me ha criticado por esto y dicen: 'Bueno, pero de esa forma la persona reduce la velocidad y no comete la infracción'. Bueno, es que para eso está", respondió.

Y profundizó: "Justamente está para que no se cometa la infracción, para prevenir accidentes. No está para que vos, distraído, pasaste a 50, tenías que ir a 40 y te comas una multa millonaria".

En ese marco, confirmó que el proyecto también contempla dejar sin efecto determinadas sanciones.

"Estamos pidiendo que se anulen todas las fotomultas que no han sido abonadas todavía de aquellas que han sido infraccionadas con radares que no están debidamente autorizados", precisó.

La medida, de convertirse en ley, alcanzaría a las multas pendientes de pago emitidas mediante dispositivos que no cuenten con las autorizaciones correspondientes. No se trata, por lo tanto, de una eliminación general de todas las infracciones por exceso de velocidad.

## También quiere eliminar la VTV

Consultado sobre el estado parlamentario de la iniciativa, el diputado informó que el proyecto fue girado a comisión y expresó su expectativa de que el oficialismo bonaerense permita avanzar con su tratamiento.

"Esperemos que el oficialismo copie lo que pasó en Río Negro y que tenga voluntad de tratar esto", manifestó.

A continuación, vinculó la propuesta con otra iniciativa de su autoría destinada a eliminar la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

De Leo sostuvo que ambos proyectos forman parte de una discusión más amplia sobre las prioridades de las políticas de seguridad vial.

"Las políticas de tránsito serias tienen que ir a inversión, capacitación, educación y rigurosidad en las normas y el cumplimiento de las normas", expresó.

Sin embargo, advirtió que esas exigencias deben estar acompañadas por una infraestructura adecuada.

"Si el Estado no provee infraestructura adecuada, no provee señalización adecuada, rutas que no estén destruidas, que estén señalizadas, que estén bien iluminadas, no podemos estar con políticas solamente de tránsito que son meramente recaudatorias", cuestionó.

Además, apuntó contra la participación de empresas privadas en los sistemas de control.

"Inclusive mucha de esa recaudación termina en bolsillos privados, ni siquiera en las arcas del Estado, ya sea nacional, provincial o municipal", afirmó, en referencia a la VTV y a los radares tercerizados.

## Fuertes críticas por el estado de las rutas de Bahía Blanca y la región

La entrevista también abordó el deterioro de la infraestructura vial en el sudoeste bonaerense, particularmente en Bahía Blanca y sus accesos.

De Leo reconoció que la situación es grave y distribuyó responsabilidades entre los gobiernos nacional, provincial y municipal.

"Tenemos los accesos de rutas nacionales destruidos, tanto la Ruta 33 como el enlace de la Ruta 3 Norte con la 33, que es de jurisdicción nacional. Parece que pasó por una guerra", describió.

El legislador remarcó la contradicción que, a su entender, existe entre las exigencias que se imponen a los automovilistas y las condiciones en las que deben circular.

"Seguramente pasó por enfrente de la VTV en ese lugar. Es casi una cachetada al sentido común y a la gente", expresó.

También mencionó los problemas de la Ruta Provincial 51 y de otros accesos provinciales, además del deterioro de calles e ingresos urbanos que corresponden a la Municipalidad de Bahía Blanca.

En ese contexto, recordó que había difundido un video dirigido al presidente Javier Milei, con cuestionamientos también al gobernador Axel Kicillof, en ocasión de la visita presidencial a Bahía Blanca del 18 de septiembre.

Según relató, invitó al mandatario nacional a recorrer por automóvil los caminos de la región para comprobar personalmente su estado.

"Le sugerí cuáles eran las rutas. Iba a encontrar rutas absolutamente destruidas", indicó.

De Leo consideró que el deterioro vial constituye una problemática extendida a buena parte del país y no una situación exclusiva del sudoeste bonaerense.

## El impuesto a los combustibles y una recaudación millonaria

Uno de los cuestionamientos más fuertes del diputado estuvo dirigido al Gobierno nacional por la utilización de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles.

De Leo recordó que se trata de un tributo que pagan los automovilistas cada vez que cargan nafta o gasoil y aseguró que su recaudación aumentó considerablemente durante los últimos años.

"El impuesto a los combustibles ha crecido en forma exponencial en estos dos últimos años, dos años y medio, primero porque el combustible aumentó por encima de la inflación, por ende ese impuesto aumentó, pero además porque el Gobierno, contrariamente a lo que pregona, ha aumentado el impuesto", sostuvo.

Según las cifras mencionadas por el legislador, la recaudación nacional por ese concepto supera los 700.000 millones de pesos mensuales.

Sin embargo, cuestionó que esos recursos no se estén traduciendo en las inversiones necesarias.

"La ley establece con claridad que ese impuesto tiene que ir a obras de infraestructura varias, entre ellas la de rutas y la de infraestructura hídrica, y el Gobierno no lo está destinando a esto", denunció.

De acuerdo con su interpretación, los fondos están siendo utilizados para adquirir instrumentos del Tesoro Nacional, en lugar de financiar inmediatamente las obras previstas.

"Lo está destinando a compras de letras del Tesoro Nacional para de esta forma sostener el famoso equilibrio fiscal o superávit fiscal", afirmó.

El diputado aclaró que comparte la necesidad de mantener las cuentas públicas ordenadas, pero cuestionó que ese objetivo se alcance postergando inversiones esenciales.

"El equilibrio fiscal hay que sostenerlo sobre la base del ahorro en el despilfarro, de muchas cuestiones que yo estoy de acuerdo que el Gobierno Nacional ha hecho. Pero en esto estoy en absoluto desacuerdo", manifestó.

Además, sostuvo que, a su entender, el manejo de esos recursos implica un incumplimiento de la legislación que establece su destino.

## "¿Qué prefieren: obras de infraestructura o papelitos del Tesoro?"

Para ejemplificar su posición, De Leo planteó una pregunta dirigida especialmente a quienes sufrieron las consecuencias del mal estado de los caminos.

"¿Aquella persona que tuvo un accidente, que se le rompió el auto, ni hablar aquellos que han perdido familiares, qué prefieren: tener obras de infraestructura del impuesto que pagamos o tener papelitos del Tesoro Nacional que emite el ministro Caputo todos los meses para sostener el famoso equilibrio fiscal?", expresó.

Consultado sobre la posibilidad de exigir judicialmente que esos recursos sean utilizados para las obras previstas, explicó que el Gobierno nacional sostiene que el dinero no fue desviado definitivamente hacia otros fines, sino que permanece invertido en bonos para una eventual utilización futura.

"Hay un argumento legal del Gobierno que es que ese dinero no fue a otro lado, es decir, quedó en bonos, como que queda en bonos para el día de mañana invertirlos en rutas, invertirlos en obras hídricas", señaló.

No obstante, rechazó esa explicación.

"Eso la verdad que es un cachetazo. La necesidad está hoy", enfatizó.

También manifestó su preocupación por la posibilidad de que, en el futuro, se intente modificar la legislación para cambiar el destino de los fondos.

"Uno sospecha, con algún grado de veracidad, que en algún momento el Gobierno va a intentar modificar la ley, desafectar esos fondos y esos fondos después terminar en el Tesoro Nacional", advirtió, aclarando de ese modo que se trata de una sospecha y no de una decisión anunciada oficialmente.

## El drama de las inundaciones y las obras que no llegan

De Leo relacionó la falta de inversiones con las consecuencias de las inundaciones sufridas por Bahía Blanca.

Como representante de esa región, insistió en que las obras hídricas y viales no pueden continuar postergándose.

"Nosotros en Bahía Blanca, obviamente después de semejante inundación con tantos daños, las obras hídricas se necesitan ahora", afirmó.

Al mismo tiempo, señaló que esa necesidad se repite en distintas localidades del país.

"Yo recorro muchísimo esta provincia de Buenos Aires por cuestiones de mi función, de mi rol como legislador, y la verdad que yo no encuentro prácticamente ruta nacional o provincial que no tenga un grado de deterioro muy importante", aseguró.

Incluso calificó algunos tramos como verdaderas trampas mortales.

Para ilustrarlo, relató un episodio reciente ocurrido sobre la Ruta Nacional 33.

"El otro día aquí en la Ruta 33, a 27 kilómetros de Bahía Blanca, cinco vehículos en forma consecutiva habían reventado un neumático. Por suerte no tuvimos que lamentar ningún accidente ni ninguna pérdida de vida humana", contó.

A partir de ese ejemplo, reiteró que el mantenimiento de las rutas debería constituir una prioridad presupuestaria.

"Está bien priorizar el equilibrio fiscal, está bien hacer ahorros donde haya que hacerlos, pero no es justamente en esto, que es una necesidad primordial y que además le está costando muchísimas vidas a los argentinos", concluyó sobre ese aspecto.

## El agradecimiento a Trípodi y al Concejo Deliberante de Patagones

En el tramo final de la entrevista, el legislador destacó el acompañamiento institucional recibido desde Carmen de Patagones.

La iniciativa para adherir al proyecto bonaerense fue impulsada por el concejal radical Marco Trípodi y aprobada por la mayoría del Concejo Deliberante, aunque se registraron numerosas abstenciones.

De Leo consideró especialmente importante que un municipio del extremo sur de la provincia se pronuncie sobre una propuesta que se encuentra en discusión legislativa.

"Quiero agradecer al concejal Marco Trípodi y a la mayoría del Concejo Deliberante por haberse hecho eco de esta iniciativa y por haber acompañado con una resolución que para nosotros es muy importante desde el sur de la provincia de Buenos Aires", manifestó.

Al ser informado de que el acompañamiento había sido aprobado pese a las abstenciones, valoró el resultado.

"Me parece muy bien que la mayoría haya acompañado esto porque, reitero, esto no es un proyecto de la política, es un proyecto a favor de la gente y del sentido común", sostuvo.

Finalmente, volvió a agradecer a los representantes de Patagones por respaldar una iniciativa que todavía deberá atravesar el debate parlamentario.

"Para nosotros es muy importante que desde el sur de la provincia de Buenos Aires también estén acompañando decisiones que se tienen que tomar, en el caso de ustedes, a casi 1.000 kilómetros de distancia", finalizó.

De esta manera, el debate sobre la legalidad, señalización y finalidad de los radares quedó instalado también en Patagones, donde la futura puesta en funcionamiento de los dispositivos ya colocados agrega un componente local a la discusión provincial.

La propuesta de De Leo deberá avanzar ahora en la Legislatura bonaerense, donde buscará reunir los consensos necesarios para modificar el funcionamiento del sistema de fiscalización electrónica y establecer nuevas garantías para los conductores.

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