Castillo Landalde: la Justicia ordenó el desalojo y el histórico inmueble deberá ser entregado el 19 de noviembre

El histórico Castillo Landalde, uno de los inmuebles emblemáticos de Carmen de Patagones, está a las puertas de ser recuperado por sus propietarios luego de una resolución judicial que ordenó su desalojo. La fecha prevista para la entrega del edificio es el próximo jueves 19 de noviembre, poniendo fin a una prolongada situación de ocupación que había generado preocupación por el estado de conservación de la construcción.

La sentencia fue dictada el 23 de octubre por la jueza Carla Verónica Ventuala, titular del Juzgado de Paz Letrado de Carmen de Patagones, quien hizo lugar a la demanda impulsada por Juan Carlos Sabatella y Daniel Jerez, con el patrocinio del abogado Rodrigo Aurrecochea.

Uno de los aspectos más destacados del caso es la rapidez con la que se obtuvo la resolución judicial. La demanda fue presentada el 23 de diciembre de 2025 y, menos de diez meses después, la magistrada dictó sentencia favorable a los propietarios.

Se trata de un resultado especialmente significativo si se tiene en cuenta que los procesos de desalojo en territorio bonaerense pueden extenderse durante varios años, dependiendo de las circunstancias y las incidencias judiciales.

En este contexto, la intervención profesional de Aurrecochea adquiere particular relevancia, al haber impulsado una acción judicial que llegó a una resolución favorable en un plazo considerablemente acotado.

Una ocupación que se prolongó durante años

El conflicto judicial tiene sus antecedentes en un contrato de comodato celebrado el 12 de noviembre de 2007 entre Juan Carlos Sabatella y Nicomedes Pichifilo, mediante el cual se autorizó a este último a habitar el inmueble ubicado en Elsegood 26, anteriormente calle Villegas.

Aquel acuerdo tenía vigencia hasta el 7 de noviembre de 2008 y era de carácter personal, por lo que no podía transmitirse a otras personas como consecuencia del fallecimiento del beneficiario.

Pichifilo murió el 5 de enero de 2020, pero familiares que se presentaban como sus sobrinos continuaron ocupando el edificio.

Según sostuvieron los demandantes y posteriormente reconoció la Justicia, esas personas no contaban con un título que legitimara su permanencia en la propiedad.

La demanda fue dirigida contra los ocupantes del Castillo Landalde y finalmente prosperó contra Mónica Cumiloa, Omar Pichifilo y Marta Pichifilo.

Durante el proceso, los demandados no se presentaron a ejercer su defensa pese a haber sido notificados, motivo por el cual fueron declarados en rebeldía el 16 de marzo de este año.

Esta circunstancia también fue considerada por la magistrada al momento de evaluar los derechos invocados por los propietarios.

Una sentencia que reconoce el valor patrimonial

Más allá de la controversia por la ocupación, el fallo incorpora una consideración especialmente importante para Carmen de Patagones: el estado de conservación del Castillo Landalde.

La jueza señaló que las fotografías incorporadas al expediente permitieron advertir la falta de mantenimiento adecuado del edificio, una situación que podría ocasionar daños de difícil reparación.

En ese sentido, la resolución judicial advierte que el deterioro podría resultar irreversible en un inmueble que forma parte del patrimonio cultural de la comunidad.

Esta observación otorga al caso una dimensión que trasciende el conflicto entre particulares, debido al valor histórico y arquitectónico de la construcción.

La orden de desalojo

En la parte resolutiva, Ventuala dispuso que los demandados y demás ocupantes abandonen el Castillo Landalde y lo restituyan a sus propietarios, libre de ocupantes, dentro de los diez días posteriores a que la sentencia quede firme.

La decisión establece que, en caso de incumplimiento, podrá procederse al lanzamiento con auxilio de la fuerza pública.

No obstante, la magistrada también contempló la situación de los menores de edad que habitan el lugar.

Por ese motivo, ordenó dar intervención al Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño y al área de Desarrollo Social de la Municipalidad de Patagones antes de concretar un eventual desalojo compulsivo.

De la incertidumbre a una resolución en menos de un año

En septiembre, Patagones a Diario había anticipado que la causa ingresaba en una etapa decisiva, luego de completarse distintas actuaciones judiciales.

Entre ellas se encontraba el mandamiento de constatación realizado el 2 de febrero, que permitió identificar a los ocupantes, además de las intervenciones vinculadas con la situación de los menores de edad.

En aquel momento, la representación legal de los propietarios ya había solicitado que se dictara sentencia y se avanzara con la restitución del inmueble.

El pronunciamiento de octubre terminó dando la razón a los demandantes y confirmó la procedencia del desalojo.

El resultado representa un importante logro judicial para la estrategia desarrollada por Aurrecochea, quien consiguió que un expediente iniciado a fines de 2025 obtuviera sentencia definitiva de primera instancia antes de cumplir un año de tramitación.

Si bien la rapidez de un proceso también depende de las particularidades del expediente y de las decisiones del tribunal, el plazo alcanzado constituye uno de los aspectos sobresalientes de esta causa.

La posibilidad de recuperar una joya arquitectónica

El Castillo Landalde, también conocido como Palacio Sassenberg, fue construido entre finales del siglo XIX y principios del XX y está estrechamente relacionado con el desarrollo comercial del antiguo puerto de Carmen de Patagones.

Su arquitectura y su trayectoria lo convierten en una de las construcciones más representativas de la historia maragata.

Los propietarios han manifestado su intención de recuperar el edificio, detener su deterioro y avanzar hacia una puesta en valor que contemple su importancia histórica y cultural.

Con la entrega prevista para el 19 de noviembre, se abre una nueva expectativa sobre el futuro del inmueble.

Después de años de incertidumbre, el Castillo Landalde podría comenzar una etapa de recuperación, impulsada por una resolución judicial que reconoce tanto el derecho de sus propietarios como la necesidad de preservar un edificio de especial significación para Carmen de Patagones.