La preocupación generada por el ingreso de un alumno con un arma de fuego a la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1 de Carmen de Patagones motivó una serie de intervenciones de las autoridades educativas, policiales y de los organismos de protección correspondientes.
El episodio, que tomó estado público durante esta semana, ocurrió en el edificio ubicado en la primera cuadra de la calle Jaime Harris, donde funcionan tanto la Escuela Técnica N° 1 como la Escuela Primaria N° 14.
En medio de la inquietud que provocó el hecho entre padres, estudiantes y docentes, la jefa distrital de Educación, Estela Sosa, salió a respaldar el procedimiento realizado por las autoridades escolares, aunque también reconoció que existen aspectos vinculados con la comunicación a las familias que deben revisarse.
En diálogo con el móvil de FM DE LA COSTA, la funcionaria explicó que la institución actuó inmediatamente después de tomar conocimiento de la situación, dando intervención a la Policía y a los organismos competentes.
Sosa fue categórica al defender el desempeño del equipo directivo y docente de la Escuela Técnica.
"La escuela actuó correctamente conforme al protocolo que tenemos para estas circunstancias. Fue diligente: quien toma conocimiento pone en aviso al director y se activa el llamado a la policía", afirmó.
La funcionaria explicó que el procedimiento contempla la protección de los estudiantes y la intervención de los organismos correspondientes, entre ellos el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos.
"Se cuida siempre a los estudiantes, al Servicio Local, y una vez que ellos intervienen, continúan todos los otros procedimientos", señaló.
De esta manera, buscó llevar tranquilidad a la comunidad educativa y dejó en claro que, desde la Jefatura Distrital, consideran que la respuesta institucional fue adecuada frente a una situación de extrema sensibilidad.
Uno de los aspectos que mayor preocupación generó después del episodio fue la comunicación oficial dirigida a las familias.
Como informó oportunamente Patagones a Diario, la Escuela Técnica difundió un mensaje en el que confirmó que se había producido una situación que requirió la intervención de organismos externos, aunque sin ofrecer precisiones sobre lo ocurrido.
En aquella comunicación, el equipo de conducción señaló:
"Informamos que, ante una situación que requirió la intervención de organismos externos, la institución actuó conforme a los protocolos vigentes, realizando las intervenciones y articulaciones correspondientes".
También indicó que la escuela permanecía a disposición de las familias para responder consultas, dentro de un marco de respeto y confidencialidad.
Sin embargo, el contenido del comunicado dejó interrogantes entre los padres, especialmente por la naturaleza del episodio y la presencia de un arma de fuego en un establecimiento educativo.
Consultada sobre este punto, Sosa admitió que hubo observaciones respecto de la información suministrada.
"La comunicación de la escuela con las familias a veces requiere un mensaje de mucho cuidado. En ese momento, por ahí las familias —ya con el diario del lunes— nos devuelven que la comunicación tendría que haber sido más concreta", reconoció.
No obstante, explicó que las autoridades también debieron evaluar las posibles consecuencias de difundir información mientras se desarrollaban las intervenciones.
"También analizamos que en este tipo de comunicación se puede generar una alarma y la verdad es que la situación ya estaba controlada, por decirlo de alguna manera, porque hay que ser muy cuidadosos con las palabras", agregó.
Sus declaraciones dejaron planteada una cuestión central: cómo garantizar información clara y oportuna a las familias sin generar alarma innecesaria ni vulnerar la confidencialidad que requieren las intervenciones cuando hay menores involucrados.
La jefa distrital aclaró que la intervención educativa no concluyó con el procedimiento realizado el día del episodio.
Por el contrario, aseguró que se mantienen reuniones y dispositivos de acompañamiento destinados a los integrantes de ambas comunidades escolares.
"Esto no terminó, no se circunscribe únicamente a ese día, sino que seguimos acompañando, seguimos manteniendo reuniones con las familias, con los docentes, con los estudiantes de forma cuidada porque nosotros estamos convencidos de que las escuelas son territorios de paz", manifestó.
En ese sentido, confirmó que tanto la Escuela Técnica N° 1 como la Escuela Primaria N° 14 cuentan con sus respectivos Equipos de Orientación Escolar (EOE), que intervienen en situaciones que requieren acompañamiento psicológico, social y pedagógico.
"Ambas instituciones tienen sus Equipos de Orientación Escolar, nuestro equipo de inspectores también está a disposición, así que vamos a continuar en los siguientes días acompañando", aseguró.
La funcionaria insistió en que la prioridad es preservar el bienestar de los estudiantes y sostener el trabajo con los docentes y las familias, más allá de la repercusión pública que alcanzó el episodio.
Durante la entrevista, Sosa también hizo referencia al impacto particular que este tipo de situaciones provoca en la comunidad maragata.
"Estas situaciones, si las ubicás en cualquier otro espacio, tal vez tienen un proceso diferente; pero en nuestro Carmen de Patagones es una caja de resonancia diferente. Por eso somos tan cuidadosos y con mucha sensibilidad", expresó.
Con esas palabras, la funcionaria buscó explicar la cautela con la que las autoridades educativas decidieron abordar públicamente el episodio.
La presencia de un arma de fuego en una escuela constituye, por sí misma, un hecho de enorme preocupación, que adquiere una dimensión todavía mayor cuando en un mismo edificio funcionan establecimientos de distintos niveles educativos.
Sosa confirmó además que las autoridades educativas regionales y provinciales fueron informadas desde el primer momento y acompañan las intervenciones que se desarrollan en Carmen de Patagones.
"Nuestras autoridades regionales y provinciales también están en conocimiento desde el momento uno, puestas a disposición y acompañando", indicó.
En ese marco, admitió que el episodio obliga a revisar algunos procedimientos, particularmente los relacionados con la información que reciben las familias.
"Seguramente hay que hacer muchos ajustes en relación a la comunicación y demás, que lo estamos evaluando y mejorando", reconoció.
Sin embargo, volvió a diferenciar ese aspecto del accionar de las autoridades escolares ante la emergencia.
"Lo que sí doy fe es que el procedimiento que hicieron las autoridades de la Escuela Técnica es el correcto y fue diligente", concluyó.
Según la información publicada el miércoles 14 de octubre por Patagones a Diario, el episodio ocurrió alrededor de las 11 de la mañana, cuando se descubrió que un alumno de segundo año, de 13 años, tenía un arma de fuego dentro de su mochila.
Se trataba de una pistola calibre 32, con signos de deterioro y oxidación, que tenía colocado un cargador sin municiones. También se informó sobre el hallazgo de un proyectil calibre 9 milímetros suelto.
El arma fue secuestrada para las pericias correspondientes y tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 2 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial de Bahía Blanca.
Las actuaciones se iniciaron por una presunta infracción al artículo 189 bis del Código Penal, vinculado con la tenencia de armas de fuego.
No se informó que se hubieran producido disparos ni personas lesionadas. Tampoco se difundieron oficialmente las circunstancias en las que el estudiante obtuvo la pistola o los motivos por los cuales la llevó a la escuela.
La preocupación que provocó el episodio también debe entenderse en el contexto de la historia de Carmen de Patagones.
El 28 de septiembre de 2004, la comunidad sufrió una de las tragedias escolares más graves de la Argentina, cuando un alumno abrió fuego contra sus compañeros en la Escuela Islas Malvinas, asesinó a tres adolescentes e hirió a otros cinco.
Aunque no existen elementos que permitan comparar las circunstancias o intenciones de ambos hechos, aquel acontecimiento permanece profundamente arraigado en la memoria colectiva de la ciudad.
En ese contexto, las declaraciones de Estela Sosa adquieren especial relevancia: mientras las autoridades educativas defienden la rapidez y corrección del procedimiento realizado, las familias reclaman información suficiente para conocer las medidas de prevención y seguridad que se adoptan en las escuelas.
El desafío que queda planteado es doble: sostener el acompañamiento de la comunidad educativa y mejorar la comunicación institucional, preservando al mismo tiempo los derechos y la confidencialidad de los menores involucrados.
