La titular de UDOCBA en Patagones cuestionó el proyecto de “Libertad Educativa” y advirtió sobre sus posibles consecuencias

La titular de UDOCBA en Patagones, Betina Páez, cuestionó el proyecto denominado “Ley de Libertad Educativa” y sostuvo que la discusión excede los cambios administrativos del sistema escolar. En un documento, la dirigente contrastó la propuesta con la Ley de Educación Nacional N.º 26.206 y advirtió sobre sus posibles efectos en la igualdad de oportunidades, la organización educativa y los derechos de los trabajadores.

“El problema surge cuando la ampliación de la libertad de algunos implica el debilitamiento de las condiciones comunes necesarias para garantizar la igualdad de todos”, expresó.

Páez ubicó el eje de su análisis en la responsabilidad estatal. Según explicó, mientras la ley sancionada en 2006 concibe la educación como un bien público y un derecho personal y social garantizado por el Estado, la propuesta de “Libertad Educativa” otorga mayor centralidad a las decisiones individuales, familiares y de las organizaciones sociales.

En ese sentido, cuestionó el principio de subsidiariedad estatal que identifica en el proyecto, por considerar que implica un cambio respecto de la responsabilidad principal e indelegable del Estado en materia educativa.

La desigualdad en las posibilidades de elegir

La dirigente reconoció el valor de la libertad de elección, aunque señaló que su ejercicio depende de las condiciones materiales de cada familia. Mencionó las diferencias de ingresos, conectividad, transporte, recursos culturales y acceso territorial a distintas ofertas educativas.

“Una familia con mayores recursos posee más posibilidades de seleccionar instituciones, trasladarse, adquirir materiales o acceder a propuestas complementarias”, sostuvo. En contraste, remarcó que para los sectores más vulnerables la escuela pública representa muchas veces la principal, e incluso la única, posibilidad de ejercer el derecho a la educación.

Desde esa perspectiva, advirtió que una reducción de la responsabilidad directa del Estado podría profundizar desigualdades existentes. También expresó preocupación por una eventual fragmentación del sistema educativo y por el incremento de las diferencias entre provincias, instituciones y sectores sociales.

“No se trata de negar la participación de las familias ni la diversidad de proyectos educativos. Ambos elementos ya tienen reconocimiento dentro del sistema vigente”, aclaró.

La preocupación por los derechos docentes

Páez también reclamó que cualquier reforma sea evaluada por sus consecuencias laborales. En su análisis, una mayor descentralización y diferenciación entre instituciones podría generar condiciones de trabajo más heterogéneas y debilitar referencias comunes sobre salarios, carrera docente, estabilidad, formación y negociación colectiva.

“El trabajo docente tampoco puede reducirse a la prestación individual de un servicio”, afirmó. Al respecto, destacó que enseñar implica acompañar trayectorias, construir ciudadanía y generar oportunidades para estudiantes que parten de situaciones diferentes.

Para la titular de UDOCBA, una transformación educativa debería fortalecer la capacidad estatal para garantizar recursos, salarios dignos, formación permanente y condiciones adecuadas de enseñanza.

Cambios con garantías de acceso

La dirigente reconoció las dificultades de la educación argentina y la necesidad de introducir modificaciones, pero rechazó que esas transformaciones impliquen disminuir la responsabilidad estatal.

“La defensa de la Ley 26.206 no implica sostener que el sistema educativo no necesita cambios”, señaló. Según planteó, se trata de preservar el principio de que el acceso a la educación no puede depender de la capacidad económica, el lugar de residencia o las posibilidades particulares de cada familia.

“Una sociedad más justa requiere libertad, pero también necesita igualdad de oportunidades, presencia estatal, inversión educativa, escuelas públicas fortalecidas y docentes con derechos laborales garantizados”, concluyó.