Vacunación ganadera: pedido unánime al SENASA para revisar los cambios y proteger a pequeños productores

La Comisión Provincial de Sanidad Animal (COPROSA) de Buenos Aires aprobó por unanimidad un pedido al SENASA para revisar la Resolución 201/2026, que introduce cambios en el sistema de vacunación ganadera. La preocupación central está puesta en las consecuencias que el nuevo esquema podría tener para los pequeños productores y para la continuidad del trabajo de los entes sanitarios.

La decisión se tomó durante la reunión del 3 de agosto, en la que representantes del Gobierno provincial, entidades agropecuarias, veterinarios y regiones sanitarias analizaron el impacto de las modificaciones previstas para el 1 de enero de 2027.

Según se explicó durante el encuentro, la normativa incorpora, en paralelo al sistema de entes vacunatorios, la participación de veterinarios independientes sin vínculo con el ente sanitario local. Los cambios alcanzarían a la vacunación obligatoria contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina.

Actualmente, las campañas se organizan a través de los productores y los entes sanitarios regionales, fundaciones integradas por productores que coordinan las tareas y contribuyen a garantizar la cobertura en todo el territorio.

La advertencia por los establecimientos de menor escala

Uno de los principales cuestionamientos fue el riesgo de que la contratación individual de profesionales termine perjudicando a quienes tienen pocos animales o se encuentran en zonas menos accesibles.

El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, planteó que los costos de traslado y atención pueden generar diferencias significativas entre establecimientos grandes y pequeños.

“Un veterinario, un profesional independiente, cuando tiene que definir el costo, va a tener mayores dificultades para ir a un productor donde tiene que vacunar a cinco animales que cuando tiene que vacunar a cien”, explicó.

En ese sentido, advirtió sobre la posible pérdida del principio de solidaridad que sostiene la cobertura territorial del sistema: “Lo que podemos prever es muy complicado: va a pasar con muchos de los productores que tienen escalas más reducidas y que el veterinario no va a ir”.

La preocupación también quedó asentada en el acta de la COPROSA. Allí se señaló que, si los establecimientos más grandes optan por modalidades individuales y los pequeños permanecen dentro de los entes, podría verse afectado el equilibrio económico y operativo de esas organizaciones.

Cuestionamientos a los beneficios sanitarios

Durante el debate, Rodríguez sostuvo que no se habían presentado argumentos que demostraran una mejora sanitaria a partir de la nueva normativa.

“La verdad que acá no se ha expresado ninguna ventaja en términos sanitarios de la Resolución 201. Nadie ha dicho que en función de esto el sistema va a mejorar”, manifestó.

La posición provincial quedó reflejada en el acta, con observaciones sobre la atención a los pequeños productores, el posible debilitamiento de los entes y el impacto que esos cambios podrían tener sobre la cobertura de vacunación.

El ministro también reclamó definiciones sobre los aspectos operativos pendientes y pidió evitar que las decisiones se comuniquen sobre el cierre del año.

“No podemos esperar hasta el 21 de diciembre para que el 31 de diciembre digan ‘se prorroga un año’ o lo que sea”, expresó.

Qué solicitó la COPROSA

La moción aprobada pide al SENASA reconsiderar la Resolución 201/2026, adecuar sus disposiciones a la Ley Nacional 24.305 y consensuar cualquier modificación con los organismos que integran el sistema sanitario.

Además, solicita dejar sin efecto, hasta alcanzar ese acuerdo, la derogación de la Resolución 368/2011 prevista para el 1 de enero de 2027 y prorrogar la entrada en vigencia de los cambios.

El pedido recibió el respaldo del Ministerio de Desarrollo Agrario, el Colegio de Veterinarios bonaerense, Federación Agraria Argentina, CARBAP, CONINAGRO y las regiones sanitarias 1, 2, 3 y 4. El SENASA se abstuvo de participar de la votación por ser el destinatario de la solicitud.

El planteo no se limita a cuestionar la participación de veterinarios independientes, sino que apunta a revisar integralmente el nuevo esquema y preservar las garantías sanitarias existentes.

Como continuidad del trabajo, los integrantes acordaron avanzar en un cronograma conjunto con el SENASA y conformar una comisión específica dentro de la COPROSA para analizar la implementación de la normativa y elaborar propuestas.