Nueva Ley de Seguridad bonaerense: qué se debate y cómo podría impactar en Patagones

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires y distintos bloques de la Legislatura comenzaron a discutir una profunda reforma del sistema de seguridad pública. La iniciativa busca actualizar una normativa con más de tres décadas de vigencia, reconocer el papel que actualmente cumplen los municipios y establecer nuevas reglas para las policías comunales o municipales.

El debate resulta especialmente relevante para Patagones, uno de los distritos bonaerenses que ya cuenta con Policía de Seguridad Comunal y donde el gobierno municipal participa en la planificación preventiva, aporta recursos y trabaja de manera coordinada con la fuerza provincial.

Sin embargo, hasta el momento no existe una única propuesta sancionada ni un texto definitivo. Por un lado, el gobernador Axel Kicillof anunció que enviará una reforma integral de la Ley de Seguridad Pública. Paralelamente, en la Cámara de Diputados comenzaron a analizarse proyectos presentados por legisladores que plantean distintos grados de autonomía para las futuras policías municipales.

Una reforma que todavía está en elaboración

Durante la apertura de sesiones ordinarias de 2026, Kicillof anunció dos iniciativas vinculadas con la Policía Bonaerense: una nueva ley para el personal policial y una modificación integral del sistema provincial de seguridad.

El primer proyecto apunta a actualizar el régimen laboral, los mecanismos de ingreso y formación, los ascensos, las sanciones y las licencias de los efectivos. El segundo, que es el que puede tener mayor incidencia sobre los municipios, pretende reemplazar o modificar la actual Ley de Seguridad Pública, vigente desde la década de 1990.

El Ministerio de Seguridad, encabezado por Javier Alonso, inició durante los últimos meses una ronda de conversaciones con intendentes del Conurbano y del interior para elaborar esa propuesta.

Según trascendió tras esos encuentros, la intención provincial es reconocer y fortalecer el papel de los jefes comunales, regular el funcionamiento de los centros municipales de monitoreo y mejorar la coordinación con la Policía Bonaerense. No obstante, la conducción general de la seguridad y la estructura policial continuarían bajo control provincial.

Los intendentes reclamaron, además de mayores atribuciones, recursos estables para afrontar los gastos que actualmente sostienen las comunas, como combustible, reparación de patrulleros, cámaras, centros de monitoreo, equipamiento y edificios policiales. La ronda de consultas fue ampliada durante junio a municipios del interior bonaerense.

Los proyectos que ya se analizan en Diputados

Mientras el Ejecutivo provincial prepara su propuesta, la Comisión de Seguridad y Asuntos Penitenciarios de la Cámara de Diputados bonaerense retomó el debate sobre diferentes proyectos destinados a crear o reorganizar policías municipales.

Una de las iniciativas fue presentada por el diputado Carlos Puglelli, de Fuerza Patria. Su proyecto apunta particularmente a los partidos de menos de 70.000 habitantes, categoría en la que se encuentra Patagones.

La propuesta establece que los municipios interesados deberán adherir mediante una ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante. A diferencia del sistema vigente, la nueva Policía Comunal tendría una dependencia orgánica y funcional más directa del Departamento Ejecutivo municipal.

Esto representaría un cambio importante: el intendente no solamente definiría políticas preventivas, sino que podría contar con una intervención más amplia sobre la organización y el funcionamiento cotidiano de la fuerza.

El proyecto también contempla mecanismos de financiamiento y coordinación con la Provincia. Este último punto aparece como uno de los principales ejes de discusión: los intendentes advierten que una transferencia de responsabilidades sin fondos suficientes podría aumentar considerablemente los gastos municipales.

La propuesta de Puglelli aparece registrada oficialmente en la Cámara de Diputados como una iniciativa para crear policías comunales en partidos bonaerenses y modificar el artículo 56 de la Ley 13.482. El expediente figura en el registro de proyectos legislativos.

¿Qué sucede actualmente en Patagones?

Patagones ya posee Policía de Seguridad Comunal. Bajo el régimen vigente, el intendente participa en el diseño de las políticas preventivas y las acciones estratégicas, pero los efectivos mantienen su dependencia orgánica del Ministerio de Seguridad bonaerense.

En términos prácticos, el municipio puede establecer prioridades y coordinar operativos con la jefatura policial, aunque no administra plenamente al personal ni controla aspectos como los ascensos, salarios, sanciones, traslados o designaciones, que continúan dentro de la estructura provincial.

El distrito también sostiene una Dirección de Seguridad y un Centro de Monitoreo que funciona las 24 horas. Además, aporta cámaras, equipos informáticos, mantenimiento, combustible y colaboración logística para distintos operativos.

Durante agosto de 2025, por ejemplo, Patagones recibió siete móviles policiales entregados por la Provincia. En enero de este año, el intendente Ricardo Marino encabezó una reunión con autoridades policiales y funcionarios municipales para evaluar la prevención en Carmen de Patagones y en las localidades del interior.

Los posibles efectos para el distrito

Si prospera un modelo que otorgue mayor autonomía municipal, Patagones podría ampliar su capacidad para decidir dónde se distribuyen los efectivos, cómo se organizan los patrullajes y qué zonas deben considerarse prioritarias.

Esto podría resultar especialmente importante por las características geográficas del partido, uno de los más extensos de la provincia. La seguridad local no se limita a Carmen de Patagones, sino que debe atender también a Villalonga, Stroeder, Juan A. Pradere, Bahía San Blas, Cardenal Cagliero, José B. Casas y numerosos sectores rurales.

La principal incógnita: quién pagará la nueva estructura

El beneficio de contar con mayor poder de decisión podría tener como contrapartida una carga económica más elevada para la Municipalidad.

Todavía debe definirse si la Provincia continuará pagando salarios, formación, uniformes, armamento y seguros; cómo se financiarán los patrulleros y el combustible; quién asumirá el mantenimiento de las dependencias y qué ocurrirá con los efectivos que actualmente integran la Policía Comunal.

Para Patagones, esa discusión será determinante. La enorme extensión territorial obliga a disponer de móviles, combustible y personal en localidades separadas por grandes distancias. Una descentralización sin fondos específicos podría generar una responsabilidad difícil de afrontar exclusivamente con recursos municipales.

En cambio, si la nueva ley garantiza transferencias automáticas, equipamiento y una cantidad mínima de efectivos según población, territorio y realidad delictiva, el distrito podría obtener mayor capacidad operativa sin desfinanciar otras áreas municipales.

Patagones no comenzaría desde cero

A diferencia de otros distritos, Patagones no tendría que crear completamente una fuerza local. Ya cuenta con una estructura comunal, dependencias policiales distribuidas en el partido, un área municipal de Seguridad, un sistema de videovigilancia y experiencia de coordinación con el Ministerio bonaerense.

Por eso, una eventual nueva ley probablemente implicaría una transformación del sistema existente y no su reemplazo inmediato. El alcance real dependerá del texto que finalmente envíe el Ejecutivo provincial, de los acuerdos alcanzados en la Legislatura y de la adhesión que eventualmente deba aprobar el Concejo Deliberante.

Hasta que no exista una norma sancionada, no puede afirmarse que la Policía Comunal de Patagones vaya a convertirse automáticamente en una Policía Municipal. Lo que sí está en discusión es una ampliación de las facultades del intendente y una reorganización del reparto de responsabilidades entre la Provincia y los municipios.

El debate abre así una oportunidad para que Patagones reclame un régimen adaptado a su particular realidad territorial, pero también obliga a analizar cuidadosamente el financiamiento, la conducción política, la capacitación y los controles que tendrá una fuerza con mayores atribuciones locales.