Aurrecochea no tiene feria: solicita pronto despacho al intendente por la familia que fue “despojada del sueño de su vivienda”

Con relación a ello, Aurrecochea manifestó: “El intendente tiene la obligación de expedirse en relación a la impugnación presentada por mi clienta. Omitir ello configura el delito penal de abuso de poder, atento a que la omisión de respuesta inmediata a un tema tan sensible se traduce en una violación de los derechos consagrados constitucionalmente”.

Continúo diciendo que “en caso de no responder queda expedita la vía judicial, donde haremos responsable no solamente al estado municipal y provincial, sino a quienes integran el actual gobierno municipal. El proceder no es coincidente con las formas de actuar que deben ajustarse a derecho”.

“Tristemente a mi clienta le arrebataron su sueño,,pero iremos hasta las últimas consecuencias para que paguen penalmente y civilmente los responsables“, concluyó.

Cabe recordar que el 22 de diciembre pasado una vecina de Carmen de Patagones solicitó formalmente al intendente José Zara la suspensión del otorgamiento de una vivienda a otra familia. La unidad habitacional fue entregada el 29 de noviembre último, pero la mujer afirma tener desde el 2012 el título de preadjudicación de ese terreno.

Gisella Saldaña, que es representada legalmente por el abogado Rodrigo Aurrecochea, realizó la presentación, en la que formula una impugnación “contra la resolución y acto emitido con fecha según acto público el día 30 de noviembre del presente año en el marco de la preadjudicación de un lote en la Manzana 72A parcela 4”.

En la nota fundamenta sus “necesidades familiares, de vulnerabilidad, y con 4 niños, uno de ellos, las más chiquita, con una discapacidad que requiere atención permanente”. Por ello se presentó “a los fines de tener acceso a una vivienda o a un terreno para poder construir una vivienda digna”.

Recordó que “luego de numerosas presentaciones logré en el año 2012 (12 de junio) que se me otorgara un título de preadjudicación de un terreno en la Manzana 72A parcela 4, sobre calle Juan de la Piedra, que estaría incluido en el Plan 111 viviendas”.

Asegura Saldaña que “dicho acto administrativo, emanado por autoridad competente, tiene validez atento a la continuidad administrativa correspondiente”. “En consecuencia, toda vez que la tramitación del proceso de preadjudicación fue otorgado por funcionario competente en el año 2012, donde después con un devenir accionar arbitrario quitan ese derecho, sin siquiera notificar debidamente, sin siquiera tener algún tipo de contemplación por la situación familiar compleja que posee por tener una menor con capacidades diferentes”, añade.

La vecina menciona en el escrito entregado hoy en la municipalidad de Patagones que esta actitud “expone a los funcionarios de turno ante un claro y evidente accionar con ABUSO DE AUTORIDAD, tipificado en el Código Penal, pues se advierte la afectación concreta al privarse a la familia a lograr el objetivo de vida de cualquier ciudadano que es lograr tener una vivienda digna, de ejercer todos sus derechos por no habérsele dado intervención en la causa judicial formada en su contra durante dos años, despojándoselo del derecho a ejercer su derecho material y efectuar así una clara violación a los Derechos Humanos”.

Entiende que en este caso “el Intendente Municipal con la complicidad de diversos funcionarios cometieron, al menos, irregularidades con arbitrariedad manifiesta desconociendo un acto válido administrativamente”. “Corresponde claramente, y así será, en caso de no mediar un rectificación denunciarlo a Ud. (al intendente) como autor, prima facie, penalmente responsable del delito de abuso de autoridad, en tanto que la Municipalidad por intermedio del cargo que ostenta se condujo de manera anormal respecto de la adjudicación a una persona de su entorno que oportunamente probaré, resultando dicha actuación en principio arbitraria y contraria a los intereses municipales”, denuncia.

Consideró llamativo “que en un principio un funcionario me firmara una preadjudicación , encontrándose en el marco de sus atribuciones, y ahora resulta, por decisión inconsulta, sin notificarme quedó desafectada”. Concluye que “se trató de un cambio radical en la postura consignada oportunamente por un mismo gobierno, porque pareciera que no logran diferenciar gobierno de gestión, es algo muy lamentable desde el conocimiento. Partiendo de esto último nadie puede desconocer lo que haga otra gestión y de surgir tal desconocimiento deben denunciar el hecho probando alguna irregularidad, cosa que aquí no se dió, de lo contrario como queda plasmado su accionar encuadra en el DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD".