Los bonaerenses no deberán pagar los gastos para alquilar y renovar contratos

La norma, que viene discutiéndose en la Legislatura desde principios de año, apunta a facilitar el acceso a la vivienda en la Provincia. Ayer, fue aprobada en Diputados con el voto de los bloques de Cambiemos, el Frente Renovador, el PJ, el Frente Amplio Justicialista y Unidad Ciudadana. En la actualidad, los inquilinos que firman o renuevan un alquiler en la Provincia deben afrontar el pago de honorarios y gastos de contratos, que rondan el 4 por ciento del monto total del contrato.

El proyecto establece que, en los casos de locaciones de inmuebles con destino habitacional y cuyo monto no supere una vez y media el Salario Mínimo, Vital y Móvil, es decir, entre 18 y 19 mil pesos, no se podrá exigir el pago de gastos de gestoría ni de ningún otro tipo, “garantizando la gratuidad en materia de costos a quienes más lo necesitan y para la mayoría de los alquileres”, dice la norma.

El texto de la ley tomó como base distintos proyectos que se habían presentado, como el firmado por el diputado José Ottavis, el que impulsó el presidente del cuerpo Manuel Mosca y otro con la firma del massista Ricardo Lissalde.

Además dispone que en todo anuncio publicitario de alquileres deberá hacerse visible una leyenda que exprese que se encuentra prohibido el cobro de honorarios y gastos vinculados al corretaje a los inquilinos al momento de firmar un contrato.

En otro de los puntos de la ley se establece que en la renovación de los contratos, los honorarios serán cómo máximo del 1% y estarán solo a cargo del locador.

En la provincia de Buenos Aires se estima que hay dos millones de personas que alquilan su vivienda. Según los datos que se desprende de los censos nacionales, hubo un fuerte incremento de hogares alquilados en el país. De 11,1% en 2001 se pasó al 16,1% en el 2010. En la actualidad, más de 7 millones de personas viven en viviendas alquiladas en todo el país.

La encuesta realizada este año por la Federación de Inquilinos Nacional con 19.000 encuestados arrojó que, luego del precio del alquiler, que es la principal preocupación, le siguen los requisitos económicos para ingresar a una vivienda en alquiler (pagarés, depósitos en efectivo, mes adelantado), la comisión inmobiliaria y la garantía propietario que se exige.

Tras la aprobación de la norma, la Federación de Inquilinos nacional emitió un comunicado en el que destacó que “se ha dado un paso muy importante de cara a terminar con los abusos del sector inmobiliario”. “Si bien sabemos que esto significa un logro parcial, muestra que la organización y la lucha comienza a dar sus frutos contra un sector que se creía intocable”, agregaron.

FUENTE: Diario El Día