El pedido se da tras conocerse los resultados de un informe que realizaron en conjunto la Defensoría y el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), donde refleja que en el Gran Buenos Aires, sólo el 30% de los usuarios que tienen derecho a solicitar.
“No puede ser que 7 de cada 10 personas que deben tener tarifa social queden fuera por requisitos inflexibles y alejados de la realidad”, manifestó Lorenzino y agregó que “por eso pedimos que se revean y modifiquen los criterios para que los sectores más vulnerables puedan acceder a este beneficio mediante un trámite sencillo, inclusivo y ágil”.
Los principales motivos que expuso Lorenzino se dan por la imposibilidad de presentar escrituras de los hogares o los contratos de alquiler, sumado a las trabas burocráticas y la falta de información.
FUENTE: Grupo La Provincia
