“Escuchando el reclamo del ex Intendente, Ricardo Curetti, y la forma en que cuenta los hechos, tanto él como su abogado, está claro que buscan transformar una situación estrictamente administrativa en un tema político, victimizándose”, dijo el funcionario.
Asimismo, agregó que “para que a la opinión pública le quede claro: el ingeniero Curetti, cuando se fue a Vialidad Provincial, cobró sus licencias; luego, el Tribunal de Cuentas se lo observó, le impuso devolver el dinero y le aplicó una sanción. El 10 de diciembre, cuando asumimos, nos encontramos con la irregularidad de que habían cobrado -él y parte de sus funcionarios- el 50% de una liquidación, por casi medio millón de pesos, a través de un decreto que ni siquiera estaba en el registro y usando fondos sin autorización, que no correspondían a la partida de sueldos, sino a un partida afectada”.
“Ante tamaña irregularidad, se dispuso revisar las liquidaciones; se observó, entre otras cuestiones, que el ex Intendente se había vuelto a liquidar los gastos de representación, y que mientras para liquidarle vacaciones a los empleados dividían el sueldo por treinta, ellos se lo dividieron por veinte; que se incluían años anteriores sin ninguna justificación, entre otras”, sostuvo Paredes.
El Intendente José Luis Zara dispuso en ese entonces la revisión de las liquidaciones y el no pago de esos conceptos, enviando la consulta al Tribunal de Cuentas de la provincia, para que se expida si ello era o no correcto.
“El abogado falta a la verdad cuando dice que no se enviaron las actuaciones al organismo provincial, porque enviamos dos veces esa información. Le pedimos que consulte como es debido y se le darán las pruebas que lo acreditan. Además, nada hay off de record, porque las correcciones de un acto administrativo están previstas en la ley cuando existe un error, eso se llama ‘revisión del acto administrativo’, y no es una irregularidad; está en un expediente, como todo trámite”, agregó.
Por último, resaltó: “nos llama la atención lo que dice Curetti. Cuando él era Intendente, los empleados y hasta los concejales y funcionarios, ante reclamos verdaderamente legítimos, tenían que esperar que el trámite volviera de la Asesoría General de Gobierno y del Tribunal de Cuentas, para recién, a veces pagarles. ¿Por qué ahora se sorprende de seguir su misma receta?, se preguntó Paredes.
“Pero como todo argentino, tiene derecho a ir a la justicia para hacer su reclamo, si así lo quiere, pero que lo haga sin tanta bulla, como si fuera un pobrecito perseguido. Eso sí, su abogado tendrá que matricularse en la provincia de Buenos Aires, y eso lo debería saber, porque la de Viedma no sirve para intervenir en suelo bonaerense, de acuerdo a la legislación vigente”, concluyó.
Te puede interesar
Lo más visto
