Las dos ciudades que componen la comarca Viedma-Carmen de Patagones podrían verse envueltas en una diferencia, en los próximos días.

Es probable que ambos centros urbanos -que tienen la misma fecha de fundación y cuyos vecinos la transitan y la viven como locales, en ambas márgenes del río Negro- opinen diferente respecto de un proyecto, que no los involucra directamente.

Se trata de la disputa entre Bahía Blanca y Río Negro para instalar una planta de licuefacción de gas destinada a producir 25 millones de toneladas al año.

Este lunes el bloque de concejales de Juntos, de Patagones, presentó un proyecto de resolución que adhiere y acompaña las acciones necesarias en pos de la construcción de la mega planta en Bahía Blanca.

Si bien las autoridades viedmenses aún no se han expedido, es lógico pensar que respalden la idea de que la inversión tenga lugar en el puerto de Punta Colorada (Sierra Grande).

Los concejales de la ciudad bonaerenses señalaron que desde el año 2017 la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. (YPF) con la colaboración de otros organismos, como por ejemplo el Consorcio de gestión del Puerto de Bahía Blanca, viene planificando y proyectando construir esa planta.

Añadieron que este escenario “abre las puertas de inversiones para la planta de licuefacción estimadas por consultoras privadas en u$s 6.000/7.000 millones para la primera etapa, inversiones que a largo plazo podrían ascender a u$s 40.000 millones en virtud de la infraestructura adicional necesaria”.

Entendieron que esas inversiones además “permitirían la creación de empleo en el orden de los 16.000 puestos entre directos e indirectos a través del aprovechamiento de un recurso energético, sumamente requerido a nivel mundial. Repercutiendo también en posibilidades laborales para vecinos de Patagones”.

Mencionaron que el complejo logístico, militar, portuario, hidrocarburífero y académico existente en la ría de Bahía Blanca “representa una base de respeto al infraestructura, experiencia y recursos humanos inigualable en toda la costa atlántica y frente fluvial argentino, situación que ocasionó que oportunamente se descartaran otras locaciones para la instalación de la mega planta de licuefacción necesaria para exportar el gas originado en “vaca muerta”. 

Los ediles remarcaron que “ante tamaña inversión es entendible que otras provincias hayan comenzado a realizar gestiones y tratativas tendientes a poder construir la planta en su jurisdicción, cuestión que debe ser atendida por todos los estamentos de poder bonaerense para prevenir que nuestras ventajas iniciales sean descartadas por otros motivos”.

Consideraron que “el potencial cambio de ubicación total o parcial de la planta de GNL motivado por cuestiones partidarias o de intereses personales por encima de los intereses de la nación fundamentados con un trabajo técnico de 7 años, que atravesó dos administraciones distintas, pondría un manto de dudas sobre los reales objetivos de la nueva administración nacional”.